Contraloría advierte vacíos en las APPA y alerta riesgos en la implementación de la estrategia propuesta por el Gobierno Nacional
Desde la Gobernación de Antioquia respaldaron las críticas a estas áreas. El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Naranjo, señaló que las resoluciones presentan fallas técnicas, jurídicas y administrativas.
La Contraloría detectó vacíos en los soportes técnicos, jurídicos y geoespaciales que sustentan estas decisiones. Foto: cortesía
Las APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) enfrentan observaciones de la Contraloría General, que identificó fallas financieras, legales y ambientales en su aplicación en varios municipios del país.
El organismo de control inició un proceso preventivo sobre esta estrategia liderada por el Gobierno Nacional, con participación del Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.
El análisis técnico detectó riesgos sociales, económicos y ambientales que, según la entidad, comprometen la efectividad de estas áreas orientadas a proteger la producción alimentaria.
En el componente ambiental, la Contraloría evidenció debilidades en la incorporación de criterios relacionados con prevención de amenazas y gestión del riesgo de desastres.
El informe señala que el diseño de estas zonas no integró de manera robusta variables asociadas a cambio climático ni estrategias para mitigar impactos en territorios vulnerables.
“Se encontraron debilidades en la aplicación del ítem d) del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023”, afirmó la Contraloría General.
Ese hallazgo, según el organismo, puede incidir en decisiones sobre uso del suelo y en la localización de asentamientos en zonas expuestas a riesgos naturales.
En materia financiera, el ente de control también detectó falta de claridad en las fuentes de financiación que respaldan la ejecución de estas áreas.
“Se configura una desfinanciación de las APPA en el presupuesto de inversión 2023-2026 del PND”, indicó la Contraloría General.
Ese panorama, agregó el informe, pone en riesgo el cumplimiento de metas establecidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
APPA en los municipios de Antioquia
En Antioquia, la identificación de estas áreas se concentra principalmente en el Suroeste, donde varias localidades hacen parte del grupo priorizado dentro del proceso nacional.
Entre los municipios incluidos figuran Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín y Jericó.
A ese listado se suman territorios en fases posteriores como Pueblorrico, Támesis, Salgar y Tarso, donde avanzan procesos de identificación o declaratoria.
Desde el frente legal, la Contraloría también identificó vacíos en la información técnica, jurídica y geoespacial que respalda estas decisiones.
El organismo considera que el proceso requería mayor articulación con entidades como Planeación Nacional, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Ministerio de Vivienda.
Las reacciones surgieron desde el Suroeste antioqueño, donde líderes regionales cuestionaron la implementación de estas medidas en los territorios.
Hernán Saldarriaga, director del Encuentro de Dirigentes del Suroeste, afirmó que “la Contraloría advierte inconsistencias y errores, además de falta de previsión en un proyecto de tal magnitud”.
El directivo agregó que “hemos reclamado que esto es improcedente y no debe avanzar porque genera perjuicios para el desarrollo regional y no garantiza sostenibilidad”.
Desde la Gobernación de Antioquia también respaldaron esos reparos frente a la implementación de estas áreas en los territorios.
Manuel Naranjo, secretario de Desarrollo Económico de Antioquia, aseguró que “esto refuerza las inconsistencias técnicas, legales y administrativas que tienen dichas resoluciones en el departamento”.
El funcionario concluyó que esas falencias “tendrían enormes dificultades para establecerse desde el ordenamiento jurídico en los territorios”.