Consejo de Estado frena decreto del presidente Petro que ordenaba trasladar $25 billones de fondos privados a Colpensiones
El alto tribunal detuvo el traslado masivo de recursos que el gobierno Petro quería ejecutar en tiempos acelerados, incluso antes de que muchos afiliados cumplieran los requisitos para pensionarse.
El decreto obligaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones a mover cerca de $25 billones correspondientes a trabajadores que se acogieron al llamado “traslado de oportunidad”. Foto: cortesía
El Consejo de Estado bloqueó una de las apuestas del presidente Gustavo Petro para mover recursos del sistema pensional. El alto tribunal suspendió de forma parcial el Decreto 415 de 2026, con el que el Gobierno Nacional buscaba trasladar ahorros desde fondos privados hacia Colpensiones.
La decisión llegó a través de una medida cautelar urgente. Con esta acción, el tribunal detuvo el traslado masivo de recursos que el Gobierno Nacional quería ejecutar en tiempos acelerados, incluso antes de que muchos afiliados cumplieran los requisitos para pensionarse.
El decreto obligaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones a mover cerca de $25 billones correspondientes a trabajadores que se acogieron al llamado “traslado de oportunidad”. La norma fijaba plazos estrictos: el 50 % debía girarse en 20 días y el resto en los 10 días siguientes.
La suspensión se produjo tras una demanda presentada por el ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez. El demandante cuestionó la legalidad del decreto y lo calificó como un “salto al vacío”.
En su argumento, señaló un posible exceso del gobierno Petro en su facultad reglamentaria y advirtió riesgos financieros por la urgencia en conseguir liquidez.
La polémica por el decreto que propuso el presidente Gustavo Petro
El caso también generó tensión en el sector pensional. La decisión del Gobierno se conoció en medio del congreso de Asofondos en Cartagena, donde representantes de las AFP —Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia— expresaron molestia por el momento y el alcance de la medida.
En su momento, la controversia escaló luego de que el presidente Petro defendiera públicamente la medida y rechazara los cuestionamientos sobre su legalidad.
El mandatario sostuvo que el decreto protegía la propiedad de los ahorros y permitía que los cotizantes ejercieran control sobre sus recursos.
Finalmente, el presidente Petro reaccionó a la decisión del Consejo de Estado. Aseguró que la medida frena la voluntad de los trabajadores que habían solicitado mover sus recursos y cuestionó el alcance del fallo.
Petro también lanzó críticas contra el sistema financiero. Sostuvo que la decisión termina favoreciendo a los bancos y permite que continúen manejando los ahorros de los trabajadores.