Decreto expedido por Petro que ordena trasladar $25 billones a Colpensiones ya enfrenta demanda y presiona a las AFP con plazos exprés
El decreto impone plazos estrictos: las AFP deberán trasladar el 50 % de los recursos en 20 días y el resto en los 10 siguientes. Para pensionados, el giro deberá hacerse en solo 15 días.
La medida se hizo pública durante el congreso de Asofondos en Cartagena, donde provocó malestar entre delegados de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Foto: cortesía
El Gobierno nacional puso en marcha un decreto que obliga a trasladar $25 billones desde fondos privados hacia Colpensiones, medida que ya enfrenta una demanda ante el Consejo de Estado y fuertes críticas del sector.
La decisión se conoció en medio del congreso de Asofondos en Cartagena, lo que generó incomodidad entre representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones, quienes cuestionaron el momento elegido por el presidente Gustavo Petro.
El dinero que deberá moverse corresponde a un portafolio integrado por ahorros de trabajadores cercanos a la jubilación o que incluso ya cumplen condiciones para pensionarse en el corto plazo.
"Las Administradoras de Fondos Pensiones, AFP, deberán trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones totalidad los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de los afiliados que ejercieron la oportunidad traslado", asegura el decreto.
Según cifras del gremio, una parte significativa de esos recursos permanece invertida en títulos de deuda pública, lo que complica su traslado inmediato sin impactos financieros.
El decreto fija un calendario exigente para ejecutar la operación. Las AFP deberán transferir la mitad del monto en un plazo de 20 días y completar el proceso en los 10 días siguientes.
Para los pensionados, el margen es aún menor. La norma establece que el giro de sus recursos deberá realizarse en apenas 15 días desde la entrada en vigencia.
El Ejecutivo argumenta que esta medida busca corregir un desbalance en el sistema, donde el Estado asume el pago de mesadas mientras los ahorros continúan administrados por entidades privadas.
Desde Asofondos, su presidente Andrés Velasco aseguró que el gremio actuará para resguardar los recursos de los afiliados y de quienes aún están en etapa de acumulación.
Demanda contra el decreto de $25 billones escala la controversia
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia ya presentó una demanda contra el decreto, al considerar que contradice lo definido en la reforma pensional recientemente aprobada.
Según explicó, la legislación vigente establece que los fondos privados deben seguir administrando esos ahorros hasta que cada afiliado cumpla los requisitos para pensionarse.
Valencia insistió en que los $25 billones pertenecen a personas que se trasladaron del régimen privado al público, pero que todavía no acceden a una pensión.
A su juicio, la orden de mover esos recursos anticipadamente vulnera las reglas fijadas para la transición entre sistemas.
La controversia escaló luego de que el presidente Gustavo Petro defendiera públicamente la medida y rechazara los cuestionamientos sobre su legalidad.
El mandatario sostuvo que el decreto protege la propiedad de los ahorros y permite que los cotizantes ejerzan control sobre sus recursos.
“El ahorro pertenece exclusivamente a los afiliados”, afirmó el jefe de Estado al responder a las críticas surgidas tras la demanda.
Petro también subrayó que quienes optan por cambiar de régimen tienen derecho a que sus fondos acompañen esa decisión, sin interferencias de terceros.
El pulso ahora se traslada al Consejo de Estado, que deberá definir si el decreto se ajusta al marco legal o si, como alegan sus detractores, excede lo aprobado en la reforma pensional.