¿Cómo trasladarán a 2,6 millones de usuarios a la Nueva EPS y de cuáles entidades saldrán? Esto es lo que se sabe de la polémica decisión del gobierno Petro
Con el traslado previsto, Nueva EPS recibiría 2,6 millones adicionales, lo que representa un aumento cercano al 22,6 %. Aquí más detalles.
Actualmente, Nueva EPS suma más de 11,5 millones de afiliados. Foto: cortesía.
El sistema de salud en Colombia enfrenta una nueva tensión tras la expedición del Decreto 0182 de 2026. La norma ordena el traslado de manera aleatoria de 2,6 millones de afiliados a la Nueva EPS.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advirtió que el decreto impone “serios desafíos” y expone al sistema a un riesgo operativo que podría terminar en colapso.
Actualmente, Nueva EPS suma más de 11,5 millones de afiliados. Con el traslado previsto, recibiría 2,6 millones adicionales, lo que representa un aumento cercano al 22,6 %.
Para Acemi, esta carga resulta difícil de asumir en medio de deudas billonarias, más de 120.000 tutelas y reiteradas quejas por demoras en entrega de medicamentos y barreras en la atención.
Ana María Vesga, presidenta ejecutiva del gremio, aseguró que muchos usuarios ya enfrentan dificultades para recibir citas y medicamentos. A su juicio, un traslado masivo profundizaría los problemas en la prestación del servicio.
El decreto establece que las EPS con menos de un millón de usuarios mantendrán su estado. Sin embargo, si en un departamento su participación no supera el 3 % del total de afiliados —entre régimen contributivo y subsidiado— no podrán continuar operando en ese territorio.
¿Cómo será el traslado de los afiliados a Nueva EPS?
El decreto crea un mecanismo de “asignación especial de afiliados”. Con este instrumento, el Ministerio de Salud redistribuirá en cinco días a los usuarios de las EPS que salgan del sistema.
Las aseguradoras receptoras no podrán rechazar afiliados, incluso si pertenecen a otro régimen.
Además, los usuarios deberán permanecer mínimo 60 días en la EPS asignada antes de ejercer su derecho a la libre escogencia y solicitar un nuevo traslado.
La norma también obliga a las entidades del régimen subsidiado y a las públicas del contributivo a contratar al menos el 60 % del gasto en salud con empresas sociales del Estado (ESE) en los municipios donde operen.
El traslado de 2,6 millones de personas implica cambiar redes de atención, gestionar nuevas autorizaciones y reorganizar tratamientos en curso. Este proceso podría generar retrasos en la entrega de medicamentos o en procedimientos ya programados.
El anuncio ocurre en medio del caso de Cecilia Quintero quien murió frente a varios usuarios que esperaban la entrega de sus medicamentos en un punto de dispensación de la Nueva EPS.
La adulta mayor se desplomó este martes en una sede de Cafam, en Cúcuta, mientras hacía fila para reclamar unos productos para su hijo.
Además, de la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años con hemofilia A severa. Su familia asegura que falleció porque la Nueva EPS no le entregó los medicamentos que requería.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro afirmó que el menor murió tras un golpe cuando montaba bicicleta, lo que abrió un intenso debate público sobre las responsabilidades en el caso.