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Antioquia es el departamento donde más se ha destruido maquinaria al servicio de la minería ilegal en el país, ¿cuál es el municipio con más casos?

En los últimos 16 años, las autoridades han incautado 15.774 unidades de maquinaria pesada vinculada a la minería ilegal en Colombia. Antioquia encabeza la lista, con 6.995 equipos.

Antioquia concentra 6.995 unidades de maquinaria incautada por minería ilegal, el 44,3 % del total nacional registrado en los últimos 16 años. Fotos: cortesía Ejército Nacional

Antioquia concentra 6.995 unidades de maquinaria incautada por minería ilegal, el 44,3 % del total nacional registrado en los últimos 16 años. Fotos: cortesía Ejército Nacional

En los últimos 16 años, las autoridades han incautado 15.774 unidades de maquinaria pesada al servicio de la minería ilegal. Antioquia lidera la lista con 6.995, el 44,3 % del total.


El municipio que encabeza la lista es Cáceres, con 1.136 unidades. Le sigue Caucasia, con 611. Nechí tiene 460; Remedios, 410; Zaragoza, 354; y El Bagre, 344. La mayoría, como se evidencia, se concentra en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño.



Chocó es el segundo departamento con más destrucción de maquinaria, con 1.859 unidades (11,8 %), con Quibdó y Río Quito como puntos más golpeados.


Las cifras reveladas por el Ministerio de Defensa también dan cuenta de que ocho de cada diez incautaciones correspondieron a dragas, con un total de 7.132 unidades. En cuanto a retroexcavadoras van 5.366. Igual, ambas usadas en la minería de aluvión.


La curva ha subido sin pausa. En 2010, cuando se iniciaron las operaciones en contra de la maquinaria usada en minería ilegal, se destruyeron tan solo 88 unidades. En 10 años, en 2020, el país superó por primera vez las mil en un año.


El 2025 fue el año en el que se alcanzó el máximo histórico hasta ahora, con 2.189 unidades, un 64,1 % más que en 2024.


Sin embargo, en los primeros siete meses de 2026 ya van 2.038, y se proyecta que se llegue a casi 3.500. Eso indicaría que este año sería en el que más se ha afectado la maquinaria pesada para la extracción ilícita de minerales, sobre todo oro.


Según cálculos de las autoridades, cada retroexcavadora nueva costaría entre 300 y 800 millones de pesos, mientras que una draga puede superar los $1.000 millones.


Por esa razón, en el Congreso se debate un proyecto de ley que busca que, en lugar de destruirlas, pasen a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que luego esta entidad se las done a las gobernaciones para que estas las envíen a los municipios que las necesitan para proyectos de construcción, atención de emergencias y mantenimiento de vías.


Pese a la propuesta, que apenas está en trámite, las autoridades reconocen que, aunque en los últimos años ha aumentado significativamente la incautación y destrucción de la maquinaria pesada, la minería ilegal no se ha detenido; de hecho, se ha expandido.


Hectáreas afectadas con la minería ilegal de la que se financian estructuras criminales

Y es que, según el más reciente estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Ministerio de Minas y Energía, las cicatrices del oro ilegal siguen ensanchándose por el territorio colombiano.


De acuerdo con el informe, que recoge datos de 2025, la minería de aluvión afectó 118.410 hectáreas, completando tres años consecutivos al alza, mientras las economías criminales consolidan su dominio en las regiones más vulnerables del país.



Chocó, Antioquia y Bolívar son los departamentos más golpeados por la extracción clandestina. En el primero se evidenció la afectación de 41.493 hectáreas; en el segundo fueron 24.282 y, en el último, 7.222 hectáreas.


Municipios antioqueños como Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza figuran en el mapa rojo del delito ambiental, mientras la mitad de la explotación ocurre en áreas donde la actividad está prohibida por la ley, incluidas reservas forestales y territorios protegidos.


El informe también advierte sobre la peligrosa simbiosis entre la minería ilegal y los grupos armados, que utilizan el oro para financiar su violencia, en complicidad con los cultivos de coca detectados en cuatro de cada cinco municipios afectados.


Las comunidades negras y los resguardos indígenas soportan el peso principal de la expansión extractiva, que devasta ecosistemas estratégicos ante la llegada tardía del Estado.


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