A menos de un mes de que devolvieran Savia Salud a Antioquia, la Supersalud de Daniel Quintero la investiga: "Es una venganza"

No han pasado 30 días desde que Antioquia y Medellín cerraron el empalme de Savia Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, dirigida por Daniel Quintero, decidió abrirle una investigación por una supuesta irregularidad en la atención de menores de edad.

Según una circular de la misma entidad, los niños deberían ser atendidos en menos de ocho horas, un criterio que no está en discusión, pero que, según Quintero, Savia Salud no cumplió. Sin embargo, la investigación no detalla ni cuándo ni cómo ocurrieron los hechos, ni cuál es la denuncia específica.

Para el concejal Damián Pérez Arroyave no hay duda frente a lo que está pasando: "Evidentemente, es político y ridículo".

"Primero, la Superintendencia de Salud intervino ilegalmente a Savia Salud y nombró durante todos estos años superintendentes de bolsillo que solamente llegaron a agravar la situación de la EPS. Y hoy, a menos de un mes de que se la devolvieran realmente a sus accionistas, le abren una investigación. Es ridículo", dijo.

Para él, es evidente que el superintendente Daniel Quintero está tratando de buscar una "venganza política" contra el departamento y su capital.

"Él era alcalde cuando ocurrió la intervención de Savia Salud. Es claramente un tema político; desde lo técnico no tiene ningún fundamento y se cae por su propio peso", añadió.

Una pregunta obligada es por qué, si la vigilancia de la Superintendencia es rigurosa en materia técnica, no se aplica con otras EPS que hoy dejan pacientes sin atención. El ejemplo más claro es la Nueva EPS.

"Hay maternas que necesitan hoy tener su bebé y no hay un centro de atención que las pueda atender, porque solamente tienen tres entre el área metropolitana y el Oriente antioqueño. Nadie las está atendiendo debido a que no les pagan. Es una entidad que realmente desfinanciaron y que está a cargo del Gobierno de Petro".

Y es que, mientras a Savia Salud se le persigue por una circular, según el concejal, una entidad bajo control del Gobierno Nacional deja a mujeres embarazadas sin dónde parir.

"Se trata de acciones políticas para entorpecer la labor de una entidad que hoy la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la caja de compensación se han comprometido a sacar adelante, pese a la situación desastrosa en la que la dejaron", indicó.

Lo que más genera dudas es la forma en que se hizo la denuncia. Según el concejal, se presentó en un video publicado en redes sociales y utilizando un lenguaje que no es propio de una investigación "seria y justificada".

"Ni siquiera está escrita y recurren a un lenguaje jurídicamente inflado. Por supuesto, no son competentes para hacer una imputación de cargos; podrán dar traslado y podrán interponer las respectivas acciones judiciales, pero son temas que se van a caer por su propio peso", añadió Pérez Arroyave.

Mientras la disputa política sigue su curso, el concejal insiste en que el costo real lo pagan los pacientes.

"Los pacientes de Savia Salud terminaron enfermándose más en medio de la intervención porque sus tratamientos se vieron interrumpidos", concluyó.