UNP deberá ofrecer disculpas a la familia de Miguel Uribe Turbay por revelar información sobre su seguridad
La Corte Constitucional concluyó que Augusto Rodríguez excedió los límites de su cargo al revelar información reservada sobre el exsenador y su familia.
La Corte señaló que el cargo de Rodríguez en la UNP le exigía un deber especial en el manejo de información sensible. Foto: cortesía
Lo que podía contar públicamente el director de la UNP sobre la seguridad de Miguel Uribe Turbay tenía límites. Para la Corte Constitucional, Augusto Rodríguez los sobrepasó.
El tribunal cuestionó las declaraciones que el entonces funcionario entregó después del atentado contra el exsenador y concluyó que reveló asuntos que debía mantener bajo reserva.
Además, encontró que algunos de sus pronunciamientos podían dejar la impresión de que decisiones del propio Uribe Turbay incidieron en las condiciones de seguridad que rodearon el ataque.
Esa exposición, determinó la Corte, terminó afectando la honra, el buen nombre y la memoria del dirigente político, además de provocar una revictimización de su familia.
El fallo tiene ahora consecuencias para la Unidad Nacional de Protección: deberá ofrecer disculpas públicas y atender la solicitud de rectificación presentada por María Claudia Tarazona.
La esposa de Miguel Uribe había acudido a la justicia precisamente por la manera en que Rodríguez habló públicamente sobre la protección de su esposo.
Las declaraciones se conocieron después del atentado ocurrido en junio de 2025 durante un evento político en el barrio Modelia, en Bogotá.
Miguel Uribe era entonces precandidato presidencial y las condiciones de su esquema de seguridad quedaron entre los asuntos que comenzaron a revisarse tras el ataque.
En medio de esa discusión, Rodríguez sostuvo que el dirigente político no había solicitado seguridad adicional durante su precampaña.
También aseguró que existían decisiones tomadas alrededor de su protección que habrían terminado debilitando el esquema.
“Hay testimonios de los escoltas que muestran cómo el doctor Miguel Uribe, lamentablemente, hizo algunas orientaciones que debilitaron su esquema de seguridad”, afirmó Rodríguez para la época.
La decisión también obliga a cambiar protocolos
La Corte estableció que las responsabilidades de Rodríguez al frente de la UNP le imponían un deber especial frente al manejo de información sensible.
También encontró afirmaciones inexactas sobre la coordinación del esquema y tuvo en cuenta que Miguel Uribe pertenecía a la oposición política.
Las órdenes, por eso, van más allá de las disculpas. La UNP tendrá un mes para actualizar sus protocolos sobre la información relacionada con los esquemas de protección.
La entidad deberá precisar qué datos deben mantenerse bajo reserva, especialmente aquellos que involucren decisiones familiares o aspectos de la vida privada de los protegidos.
También tendrá que responder integralmente la petición de rectificación de María Claudia Tarazona y adoptar medidas para evitar nuevas situaciones de revictimización contra ella y su familia.
Finalmente, la Corte pidió a la UNP, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría trabajar en un mecanismo de seguimiento a la protección de integrantes de la oposición política en situaciones de alto riesgo.