Suspenden convenios para producir pasaportes en Colombia, ¿qué cambia en el trámite?
La medida recae sobre los acuerdos que sostienen el esquema de producción de las libretas. Cancillería revisa el alcance de la decisión y sus efectos sobre el modelo.
El canciller Omar Bula revisa el alcance de la decisión con los equipos técnico y jurídico. Foto: cortesía
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender provisionalmente los convenios con los que se desarrolla el esquema para producir pasaportes en Colombia. La decisión afecta la ejecución de esos acuerdos, pero no ordena detener la expedición del documento a los ciudadanos.
La medida involucra el modelo en el que participan la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal. Ahora las entidades deberán demostrar cómo se ha implementado, quiénes intervienen en la producción de las libretas y qué controles existen durante el proceso.
Para quienes necesitan sacar o renovar el pasaporte, la diferencia es importante. El Tribunal estableció expresamente que su decisión no puede convertirse en una interrupción, limitación o suspensión del acceso al servicio.
Tras conocerse el auto, la Cancillería informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, revisa junto con los equipos técnico y jurídico de la entidad el alcance de la decisión.
La cartera aseguró que su prioridad es mantener la continuidad del servicio para que los colombianos no se vean afectados.
Hasta el momento no se han anunciado cancelaciones de citas, nuevos requisitos o modificaciones en el procedimiento para solicitar el documento.
Lo que deberá aclararse sobre la producción de pasaportes
Una de las principales preguntas que deberá resolverse es quién interviene realmente desde que se fabrica una libreta hasta que queda lista para ser entregada al ciudadano.
El Tribunal pidió identificar los lugares utilizados para la producción y establecer qué entidades, empresas o terceros participan en la fabricación, transporte, almacenamiento, custodia, personalización, distribución y entrega.
También deberá quedar claro qué actividades realiza directamente la Casa da Moeda de Portugal y cuáles han sido asumidas por contratistas, subcontratistas u otros participantes.
Otro asunto será establecer cuánto se ha avanzado en la implementación. Las entidades tendrán que mostrar qué etapas comenzaron, cuáles compromisos ya se cumplieron y qué queda pendiente dentro del cronograma previsto.
Para entregar esas explicaciones tendrán un plazo de 20 días hábiles.
La revisión también llegará a los controles que rodean la producción. El Tribunal quiere conocer cómo se custodian los materiales sensibles y los elementos de seguridad, además de los mecanismos utilizados para seguir el recorrido de las libretas y supervisar a quienes intervienen.
La suspensión es provisional y no significa que los convenios hayan sido declarados ilegales. El propio Tribunal aclaró que la medida no anticipa una decisión sobre su validez.
Mientras avanza el proceso judicial, la discusión sobre el modelo de producción no debería trasladarse a los usuarios. El Tribunal ordenó mantener el acceso al servicio y la Cancillería aseguró que garantizar su continuidad es la prioridad.