Sin acuerdos y reiterando implementación de acciones jurídicas: así quedó la reunión por la emergencia económica entre 17 gobernadores y los ministros de Hacienda e Interior
Los gobernadores del país mantuvieron su rechazo al decreto de emergencia económica tras reunirse con el Gobierno Nacional en Bogotá. Sin acuerdos, anunciaron acciones jurídicas ante la Corte Constitucional y defendieron la autonomía territorial y los recursos de salud y educación.
Gobernadores rechazan decreto de emergencia económica y piden intervención de la Corte Constitucional.
La reunión convocada por los ministros de Hacienda y del Interior con la Federación Nacional de Departamentos este lunes, 19 de enero, en Bogotá, terminó sin acuerdos entre el Gobierno Nacional y los 17 gobernadores que asistieron. El tema era el decreto de emergencia económica. Hubo rechazo a la postura del Estado.
El encuentro se dio luego de que más del 50 % de los mandatarios de las regiones anunciaran que no aplicarán lo establecido en el decreto de emergencia económica, al considerar que vulnera la Constitución y afecta gravemente las finanzas de los Departamentos.
Durante la cita, los mandatarios reiteraron que harán uso de la excepción de inconstitucionalidad, figura que permite inaplicar normas como ese decreto mientras se produce un fallo definitivo. En este caso la decisión jurídica sería de la Corte Constitucional.
La postura del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, se mantiene firme y ahora se traslada al escenario jurídico.
Rechazo al decreto de emergencia económica: gobernadores acudirán a la Corte Constitucional
Uno de los puntos centrales tras la reunión fue el anuncio de que los departamentos acudirán a la Corte Constitucional para solicitar la suspensión de los efectos tributarios del decreto, especialmente en lo relacionado con el impuesto al consumo de licores y cigarrillos.
El mandatario de los antioqueños aseguró que el Departamento presentará esta misma semana una solicitud de intervención temprana, al advertir que la medida podría generar un impacto cercano a 1,5 billones de pesos, recursos destinados a salud, educación y deporte.
Rendón afirmó que la reunión “no dejó humo blanco” y sostuvo que el debate ahora queda en manos del alto tribunal.
"A ver si en la Sala Plena pueden suspender los efectos, especialmente tributarios, que están contenidos en relación con los departamentos en los decretos de la emergencia económica", añadió el gobernador.
También reiteró que, si no hay pronunciamiento oportuno, antes de terminar el mes de enero, Antioquia mantendrá la decisión de no aplicar el decreto. "Ratificamos la semana anterior: haremos uso del instrumento de la excepción de inconstitucionalidad porque la emergencia afecta gravosamente las rentas de nuestro departamento", precisó.
En total, 17 departamentos sostienen la excepción de inconstitucionalidad frente al decreto de emergencia económica.
Los gobernadores destacaron que la discordia no ha terminado y reiteraron que el debate se traslada ahora al ámbito jurídico y será la Corte Constitucional la que defina la validez de la medida y sus efectos. Ellos mantienen su postura de defensa de la autonomía territorial y de los recursos departamentales.
Gobierno defiende la emergencia económica
Desde el Ejecutivo, el Gobierno Nacional defendió la declaratoria de emergencia económica como una herramienta necesaria para enfrentar el déficit fiscal.
El Ministerio del Interior aseguró que la medida no vulnera la autonomía territorial y advirtió que los gobernadores deben cumplir el decreto, al tratarse de una decisión con fuerza de ley, sin perjuicio de los controles constitucionales y de las eventuales responsabilidades jurídicas derivadas de su incumplimiento.
Sin embargo, los gobernadores rechazaron ese planteamiento y subrayaron que el decreto compromete rentas cedidas por la Constitución. Este panorama refuerza su decisión de acudir a la justicia constitucional.
Mientras los gobernadores siguen evaluando acciones conjuntas, el pulso entre la Nación y las regiones continúa.
La decisión de la Corte Constitucional será clave para definir si el decreto sigue vigente o se suspende de manera temporal o definitiva.