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Siete días y 1.000 hectáreas: la prueba que definirá el regreso de la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia

El Gobierno utilizará glufosinato de amonio en lugar de glifosato. La prueba tendrá restricciones ambientales y sus resultados deberán ser evaluados antes de avanzar hacia una operación de mayor alcance.

La Anla y el INS tendrán 60 días para evaluar los resultados del piloto y presentar un informe. Foto: cortesía

La Anla y el INS tendrán 60 días para evaluar los resultados del piloto y presentar un informe. Foto: cortesía

Después de once años sin aspersiones aéreas contra cultivos ilícitos, Colombia se prepara para una prueba que puede definir si las aeronaves vuelven a utilizarse como herramienta de erradicación.


El Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó un piloto limitado a siete días calendario y un máximo acumulado de 1.000 hectáreas.



No se trata todavía de reactivar la fumigación en todo el país, sino de obtener evidencia técnica, ambiental y sanitaria antes de tomar una decisión de mayor alcance.


La prueba tendrá una diferencia fundamental frente al programa suspendido en 2015. Esta vez no se utilizará glifosato. El producto autorizado es glufosinato de amonio 200 SL, un herbicida que ya contaba con aval ambiental para actividades de erradicación terrestre y que ahora será evaluado mediante aplicación aérea.


Las operaciones estarán a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que asumirá la planeación, supervisión, ejecución y los costos logísticos. Las aspersiones se harán desde aeronaves tripuladas.


El área escogida deberá estar próxima a una instalación de la Fuerza Pública. Por razones de seguridad, las coordenadas y las rutas de vuelo permanecerán bajo reserva.


La resolución también fija zonas que no podrán tocarse. La prueba excluye parques naturales y otras áreas protegidas, páramos, humedales, cuerpos de agua, centros poblados, colegios y centros de salud. También deja por fuera resguardos indígenas y territorios afrodescendientes cuando no exista consulta previa.


La fumigación podrá detenerse incluso por el clima

Completar las 1.000 hectáreas no será una obligación si las condiciones dejan de ser seguras. La operación tendrá que suspenderse cuando aparezcan factores que aumenten el riesgo de que el herbicida se disperse fuera del área prevista.


La lluvia, la inversión térmica, fallas durante la operación o problemas para garantizar la trazabilidad del procedimiento están entre las razones previstas para detener los vuelos.


Una vez termine la intervención comenzará otra parte decisiva del piloto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Instituto Nacional de Salud tendrán hasta 60 días para evaluar los resultados y entregar un informe técnico al Consejo Nacional de Estupefacientes.


Ese análisis será determinante para establecer si el Gobierno puede avanzar hacia una estrategia de mayor escala. La Corte Constitucional no prohibió definitivamente la aspersión aérea, pero estableció condiciones para una eventual reanudación, entre ellas evaluación permanente de riesgos, evidencia científica y controles independientes.


El piloto materializa además una de las promesas de campaña de De la Espriella y coincide con el nuevo acercamiento entre Colombia y Estados Unidos en política antidrogas. Tras la reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio, Washington ha mostrado respaldo al giro planteado por el nuevo Gobierno.


Por ahora, sin embargo, el alcance está delimitado: siete días, hasta 1.000 hectáreas y una evaluación posterior. De sus resultados dependerá si la fumigación aérea queda como un experimento o vuelve a convertirse en una herramienta de la política antidrogas colombiana.



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