Se agota el tiempo de las alcaldías para cobrar multas de tránsito en el Valle de Aburrá: Procuraduría pide cuentas
El requerimiento fue enviado a los diez municipios del Valle de Aburrá para conocer las infracciones prescritas, la cartera en riesgo y las acciones adelantadas para evitar la pérdida de recursos públicos.
El requerimiento busca saber cuánto se adeudan por multas, cómo avanza el cobro y qué hacen para evitar que prescriban. Foto: cortesía
Las diez alcaldías del Valle de Aburrá deberán explicar qué están haciendo para cobrar las multas de tránsito antes de que venza el plazo para recuperar esos recursos.
La Procuraduría solicitó información a Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Envigado, La Estrella, Sabaneta y Caldas sobre el estado de los comparendos prescritos y aquellos recursos que actualmente podrían estar en riesgo.
El requerimiento busca establecer qué acciones han adelantado los organismos municipales frente a las infracciones, cuánto dinero tienen pendiente por recaudar y cómo avanzan los procesos de cobro.
También deberán informar si han implementado medidas para evitar que el vencimiento de los términos termine impidiendo recuperar recursos provenientes de las multas.
¿Cuánto tiempo tienen para cobrar?
El Código Nacional de Tránsito establece que las sanciones por infracciones prescriben tres años después de ocurrido el hecho. Ese término puede interrumpirse con la notificación del mandamiento de pago dentro del proceso de cobro.
En la práctica, esto significa que las autoridades de tránsito no pueden dejar indefinidamente pendiente una multa. Deben adelantar las actuaciones correspondientes dentro de los tiempos establecidos por la ley.
Las cifras de Medellín muestran la dimensión que puede alcanzar este asunto. Durante 2025 fueron dados de baja $45.251 millones en cartera prescrita, correspondientes a 69.492 contraventores.
Al cierre de ese año, la capital antioqueña registraba además una cartera bruta cercana a $1,19 billones por multas de tránsito, asociada a 550.745 comparendos entre morosos y acuerdos de pago.
Esa cifra no significa que todo el dinero esté próximo a prescribir. La Procuraduría busca precisamente conocer qué parte de la cartera se encuentra en riesgo y qué están haciendo las autoridades para cobrarla oportunamente.
El Ministerio Público pidió que cada administración entregue un informe elaborado por el funcionario competente. Con esa información busca revisar la gestión realizada y fortalecer los mecanismos de recaudo de las autoridades de tránsito.