Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, irá a juicio por presunto tráfico de influencias
El caso gira alrededor del apartamento 901 del edificio Entre Parques. Según la Fiscalía, Roa adquirió el inmueble por $1.800 millones, pese a que su valor comercial se estimaba en $2.727 millones.
Con esta decisión, el directivo deberá enfrentar un juicio relacionado con una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de un apartamento en Bogotá. Fotos: cortesía
La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Con esta decisión, el directivo deberá enfrentar un juicio relacionado con una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de un apartamento en Bogotá.
El caso gira alrededor del apartamento 901 del edificio Entre Parques. Según la Fiscalía, Roa adquirió el inmueble por $1.800 millones, pese a que su valor comercial se estimaba en $2.727 millones.
La diferencia entre ambas cifras supera los $900 millones. Este aspecto llamó la atención de los investigadores dentro del proceso que adelanta el ente acusador.
La Fiscalía sostiene que Roa habría intervenido para favorecer intereses particulares en el sector energético. De acuerdo con la acusación, el presidente de Ecopetrol habría buscado influir en decisiones relacionadas con el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG.
Según la investigación, Roa habría realizado gestiones ante Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, para impulsar oportunidades de negocio que beneficiaran al empresario Juan Guillermo Mancera.
El ente acusador asegura que la intención consistía en favorecer a la empresa GAXI ESP S.A.S., vinculada a Mancera, dentro de procesos relacionados con el proyecto energético.
¿Presunto tráfico de influencias?
La Fiscalía argumenta que Roa habría utilizado su posición como máximo directivo de Ecopetrol para promover intereses privados que, presuntamente, guardaban relación con una negociación comercial previa.
Los investigadores consideran que existía una relación cercana entre Roa y Mancera derivada de la compraventa del apartamento, situación que habría generado un conflicto entre sus funciones públicas y los intereses particulares involucrados.
Por esa razón, la Fiscalía concluyó que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio y buscar que un juez determine si el directivo incurrió o no en el delito de tráfico de influencias.