Noticias

¿Quién está frenando las comunicaciones ilegales desde las cárceles? Detectan conexiones de Starlink en Bello y otras prisiones del país

El Gobierno ordenó desactivar las tarjetas SIM utilizadas ilegalmente y restringir las conexiones satelitales no autorizadas. El MinTIC formuló cargos contra Starlink y adelanta investigaciones contra otros cuatro operadores.

La detección de conexiones de internet satelital en cárceles como Bellavista, en Bello, Antioquia, llevó al Gobierno a exigir medidas para restringir las comunicaciones no autorizadas desde los centros penitenciarios. Fotos: cortesía

La detección de conexiones de internet satelital en cárceles como Bellavista, en Bello, Antioquia, llevó al Gobierno a exigir medidas para restringir las comunicaciones no autorizadas desde los centros penitenciarios. Fotos: cortesía

El hallazgo de seis antenas Starlink y cientos de dispositivos de comunicación en La Picota, en Bogotá, sumado a la detección de conexiones de internet satelital en otras cárceles del país, incluida Bellavista, en Bello, Antioquia, llevó al Gobierno a exigir respuestas sobre las medidas para restringir las señales en los centros penitenciarios.


El presidente Abelardo De La Espriella ordenó utilizar las herramientas legales y tecnológicas disponibles para desactivar las tarjetas SIM utilizadas ilegalmente desde las prisiones y restringir las conexiones satelitales no autorizadas, con el propósito de impedir que desde estos establecimientos se continúen coordinando extorsiones y otras actividades delictivas.


“¡Se acabó el recreo! Toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, restringida”, manifestó el mandatario a través de su cuenta de X.


La orden presidencial coincide con las investigaciones que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, contra cinco operadores por presuntos incumplimientos de las medidas destinadas a restringir las señales en los establecimientos penitenciarios.


En el caso de Starlink Colombia S.A.S., el Ministerio formuló cargos después de identificar conexiones de internet mediante redes WiFi provistas por la compañía en cuatro cárceles del país.


Además de Bellavista, en Bello, las autoridades identificaron conexiones en La Picota, en Bogotá; Acacías, en Meta, y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.


Los hallazgos se suman a los resultados de un operativo en La Picota, donde las autoridades incautaron 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems y seis antenas Starlink, dispositivos que evidencian las dificultades para impedir las comunicaciones no autorizadas desde las prisiones.


¿Qué medidas deben cumplir los operadores de telecomunicaciones?

La legislación colombiana obliga a los proveedores de telecomunicaciones a atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios, según el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, incorporado por la Ley 1709 de 2014.


Esta disposición busca impedir que los servicios de telefonía e internet faciliten comunicaciones no autorizadas desde las cárceles. El Gobierno también ha anunciado pruebas de bloqueo de señal para evitar afectaciones a los ciudadanos que viven o trabajan en sus alrededores.


Además de Starlink, las investigaciones del MinTIC incluyen a Claro, Movistar, Tigo y Partners Telecom, por presuntas fallas en las restricciones de señales móviles en La Picota.


El presidente también exigió responsabilidades a las entidades encargadas de garantizar el cumplimiento de estas medidas, entre ellas el MinTIC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el Ministerio de Justicia y la Fuerza Pública.


“El Estado de Derecho no puede permitir que los bandidos aprovechen las fallas de los operadores de telecomunicaciones y las debilidades institucionales para extorsionar y aterrorizar a los colombianos de bien desde la supuesta ‘comodidad’ de una cárcel”, expresó De La Espriella.


Las sanciones que podrían enfrentar las empresas

De comprobarse los incumplimientos, los operadores podrían enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la suspensión temporal de operaciones o la cancelación de licencias, autorizaciones y permisos, dependiendo de la gravedad de las infracciones.


El Ministerio deberá establecer si las compañías adoptaron los controles exigidos por la ley y si existen responsabilidades por las conexiones detectadas en los establecimientos penitenciarios.


Por ahora, las investigaciones continúan en etapa administrativa, por lo que las empresas conservan su derecho de defensa antes de cualquier decisión sancionatoria.


Temas relacionados