Procuraduría y Contraloría exigen al gobierno Petro un informe completo para el empalme
Los organismos de control establecieron los lineamientos que deberá cumplir el Gobierno saliente para entregar información sobre recursos, contratos y programas antes de la posesión de Abelardo de la Espriella.
La finalidad es que el nuevo Gobierno reciba un panorama claro sobre la situación de cada entidad antes de asumir el poder. Foto: cortesía
El Gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá que entregar un balance detallado del estado en que dejará la administración nacional. La medida hace parte del proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá funciones el próximo 7 de agosto.
Así lo ordenaron la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República mediante una directiva conjunta.
El objetivo es que el gobierno entrante conozca el estado real de cada entidad antes de asumir la administración del país.
El informe deberá abarcar todas las responsabilidades asignadas a las entidades del Ejecutivo.
Además, incluirá la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos durante el actual cuatrienio.
El documento también deberá precisar cuáles recursos ya fueron ejecutados y cuáles permanecerán pendientes al finalizar el mandato.
La Procuraduría y la Contraloría recordaron que ese reporte constituye una obligación para los servidores públicos.
Gregorio Eljach y Carlos Hernán Rodríguez, jefes de ambos organismos, firmaron la directiva que reglamenta esta etapa de transición.
Las entidades advirtieron que el incumplimiento de esa obligación podrá dar lugar a las actuaciones previstas en la legislación vigente.
Contratos y procesos pendientes harán parte del informe
La información no se limitará al manejo de los recursos públicos.
Cada entidad también deberá presentar un balance del estado de los contratos que continúen vigentes al momento del cambio de gobierno.
El reporte deberá identificar los procesos que avanzan normalmente y aquellos que registren retrasos, incumplimientos o controversias.
Igualmente, será necesario informar sobre los procedimientos administrativos sancionatorios que permanezcan en trámite.
La directiva también exige documentar las dificultades que puedan afectar la ejecución de obras, la entrega de bienes o la prestación de servicios.
Según los organismos de control, ese diagnóstico permitirá que el gobierno entrante conozca las obligaciones institucionales que asumirá desde el inicio del mandato.
La directiva recuerda que estos informes tienen sustento en el artículo 209 de la Constitución Política y en la Ley 951 de 2005.
Esa norma regula la entrega de los informes de gestión cuando finaliza el periodo de los servidores públicos.
También establece mecanismos para requerir esa información cuando no se presente dentro de los plazos previstos.
Como parte del proceso de transparencia, el balance final de la gestión del Gobierno Nacional deberá publicarse para consulta de la ciudadanía.
Ese diagnóstico servirá como punto de partida para las decisiones que adopte el gobierno de Abelardo de la Espriella desde el inicio de su mandato.