Procuraduría prorrogó por tres meses la suspensión provisional de 10 funcionarios del Inpec por fiesta en la cárcel de Itagüí
La medida cautelar se extiende hasta octubre de este año, al considerar el ente de control que persisten las razones que motivaron su imposición.

Los hechos investigados ocurrieron el 8 de abril de este año. Fotos: cortesía Procuraduría General de la Nación
Por tres meses la Procuraduría General de la Nación prorrogó la suspensión provisional de diez funcionarios del Inpec por una fiesta en la cárcel La Paz de Itagüí.
Los funcionarios son investigados por las presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso de una agrupación musical y la realización de la fiesta en esta cárcel que es de alta y mediana seguridad.
La medida cautelar cobija a los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas.
También al intendente Eduardo Parra Ceballes; los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez; y al inspector jefe, Salvador Del Cristo Jiménez Palencia.
El día de la fiesta
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril, cuando, al parecer, se omitieron los controles de ingreso, registro y reseña de los integrantes de un grupo musical que ingresó al establecimiento penitenciario.
Según la Procuraduría, además hubo un presunto ocultamiento de información y posibles irregularidades en un informe oficial.
Así las cosas, el ente de control concluyó que “no han desaparecido los motivos que dieron lugar a la medida cautelar y que el reintegro de los investigados podría facilitar la reiteración de las conductas objeto de investigación o interferir en el desarrollo del proceso disciplinario”.
En consecuencia, la Procuraduría ordenó prorrogar la suspensión provisional hasta octubre de este año.
Esto tras considerar que la medida cautelar “continúa siendo idónea, necesaria y proporcional para proteger la investigación para esclarecer las presuntas responsabilidades de los servidores públicos involucrados”.