Procuraduría formula cargos contra exalcalde de Vegachí por presunto incumplimiento de una orden judicial sobre motocarros
La Procuraduría investiga al exalcalde Deison Ulilo Acevedo Méndez por presuntamente no cumplir una sentencia que ordenaba repetir la adjudicación de rutas de motocarros en Vegachí.

Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente su conducta como falta grave, a título de culpa grave. Foto: cortesía
Dos años después de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenara repetir la adjudicación de las rutas de motocarros en Vegachí, el entonces alcalde del municipio reconoció que todavía no había cumplido la sentencia. Esa respuesta, documentada en mayo de 2022, forma parte de los antecedentes de la investigación por la que la Procuraduría acaba de formularle cargos a Deison Ulilo Acevedo Méndez.
El exmandatario, quien gobernó este municipio del Nordeste antioqueño entre 2020 y 2023, habría omitido las actuaciones administrativas necesarias para ejecutar una decisión judicial del 11 de marzo de 2020, relacionada con la adjudicación de las rutas del servicio de transporte público mixto en motocarro.
La controversia, sin embargo, venía de años atrás. El expediente disciplinario también menciona una sentencia del 30 de noviembre de 2015, expedida por el Juzgado 29 Administrativo de Medellín, como antecedente del proceso judicial.
El 27 de abril de 2022, Gloria Martínez Castañeda, representante legal de la Cooperativa de Transportadores de Vegas de la China, Cootravechi, acudió a la Personería Municipal para reclamar el cumplimiento de la orden.
La respuesta del entonces alcalde llegó el 17 de mayo de ese año. Según el documento de la Procuraduría, Acevedo Méndez manifestó que, hasta ese momento, no había acatado la sentencia.
Los reclamos llegaron hasta la Procuraduría
Ante esta situación, la Personería de Vegachí trasladó la queja al Ministerio Público en julio de 2022. Posteriormente, en enero de 2025, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío abrió formalmente una investigación disciplinaria.
El organismo de control solicitó información sobre las actuaciones adelantadas para cumplir el fallo y también buscó establecer si la administración municipal de 2024-2027 había ejecutado la orden judicial.
Ahora, la Procuraduría considera que el exalcalde pudo haber incumplido sus deberes al no adelantar las gestiones necesarias para materializar la sentencia.
Por estos hechos, calificó provisionalmente su conducta como falta grave, a título de culpa grave. La formulación de cargos no constituye una sanción definitiva y el exfuncionario conserva su derecho a la defensa.