¿Por qué la Fiscalía interceptó el teléfono del gobernador de Antioquia?
Desde el pasado 27 de mayo están interceptados los teléfonos del gobernador de Antioquia y de algunos de sus funcionarios.
La Fiscalía tiene interceptados los teléfonos del gobernador de Antioquia.
La Fiscalía General de la Nación tiene interceptados los teléfonos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, y de, por lo menos, 9 funcionarios de la Gobernación y exfuncionarios y contratistas de la Alcaldía de Rionegro.
El dato fue revelado en una audiencia del pasado 23 de julio por parte de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, información a la que tuvo acceso El Colombiano. Allí, se conoció que están 'chuzados' desde el pasado 27 de mayo.
La aprobación de las interceptaciones fue solicitada por la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Diana Yolima Niño Avendaño.
El partido Centro Democrático se pronunció a través de un comunicado de prensa, en el que "rechaza con firmeza la persecución emprendida por el Estado contra el gobernador de Antioquia".
Además, el documento agregó: "El Centro Democrático expresa su respaldo absoluto al gobernador Andrés Julián Rendón, hombre íntegro, trabajador y comprometido con Antioquia, y denuncia ante el país que este es un nuevo intento por amordazar jurídicamente a la oposición y a quienes ejercen control político en defensa de la democracia".
¿Por qué están interceptados los teléfonos del gobernador de Antioquia y de sus funcionarios?
La Fiscalía solicitó ante un juez autorización para interceptar las líneas telefónicas bajo el argumento de que era un proceso necesario en la investigación que se adelanta por el caso de presuntas irregularidades en la construcción de 2 CAI en Rionegro durante la Alcaldía de Rendón (2016-2019), que no ha pasado de etapa de indagación.
El pasado 24 de junio, en rueda de prensa, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reconoció que "es una investigación que yo adelanto por delegación a través de los fiscales ante la Corte. Efectivamente, es una investigación que adelanta una fiscal ante la Corte por delegación mía, en la cual ya se formuló imputación".
La funcionaria aseguró erradamente que el gobernador ya fue judicializado, cuando el proceso no ha pasado de la etapa indagatoria. "Y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente", fue parte de la argumentación de Camargo.