Por explotación laboral, ordenan que los perros que utilizan empresas de vigilancia deben cumplir con horario de trabajo; ¿cuántas horas serán?
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emitió una resolución que cambia la forma en que trabajan los perros en empresas de vigilancia privada en Colombia.
En detalle la foto de un guardia canino, en general uno de los momentos de socialización de la norma.
Durante años, los guardias caninos que custodiaban bodegas, aeropuertos y conjuntos residenciales en Colombia trabajaron jornadas tan largas como las de cualquier guardia humano, pero sin la protección ni el descanso que merecen los seres sintientes.
Esa situación cambia con la nueva resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que establece límites de horario, controles veterinarios y protocolos de bienestar para los caninos utilizados en seguridad privada.
La medida desarrolla lo dispuesto en la Ley 2454 de 2025, Ley Lorenzo, una norma creada tras múltiples denuncias de maltrato y negligencia hacia perros que prestaban servicios de vigilancia.
Según la abogada Sharon Castillo, la ley Lorenzo no es sólo una norma sobre animales.
"Es un nuevo estándar de responsabilidad jurídica y ética dentro del sector de vigilancia privada que va más allá de proteger a los animalitos como seres intentes, también va a exigir a las empresas a actuar con humanidad, transparencia y rigor técnico", explicó.
Colombia se convierte así en uno de los pocos países del continente que regula las condiciones laborales y de salud de los animales empleados en la seguridad privada.
Estas serán la jornada laboral que deberán trabajar los guardias caninos
Según la resolución, los perros que detectan narcóticos o explosivos solo podrán cumplir jornadas de hasta seis horas diarias, mientras que los de acompañamiento o defensa controlada tendrán un máximo de ocho.
Las empresas deberán registrar esas horas, garantizar espacios de descanso y disponer de atención veterinaria permanente.
"Si crean nuevas reglamentaciones de carácter laboral para los cuidadores o para los guías de perros de vigilancia, ya no se trata solo de acompañar o adiestrar el animal, como se tenía tradicionalmente, sino que además son responsables del bienestar, la salud y el cumplimiento de los protocolos técnicos, que, por supuesto, garanticen la protección del canino", añadió la abogada Castillo.
El superintendente Larry Álvarez explicó que el objetivo es frenar el uso indiscriminado de los animales.
“No se trata de eliminar el trabajo canino, sino de reconocer que estos animales sienten y necesitan condiciones dignas. En algunos casos trabajaban turnos de día y noche sin descanso ni supervisión veterinaria”, precisó
Las empresas también deberán presentar certificaciones de salud, pólizas de responsabilidad civil y constancias del entrenamiento de cada perro.
Ningún animal podrá operar sin estar registrado en el Sistema Nacional de Perros de Seguridad Privada, que permitirá hacer seguimiento individual.
¿A qué se debe esta iniciativa para proteger a los guardias caninos?
El antecedente más recordado es el caso de 'Limonar', un perro que murió en 2023 durante una jornada de trabajo como guardia canino.
Su muerte generó indignación y fue determinante para impulsar la Ley Lorenzo, que ahora se convierte en un marco regulatorio obligatorio.
La Ley 2454 de 2025 fijó reglas claras: edad mínima y máxima de servicio entre 1 y 6 años, prohibición de cría comercial, esterilización obligatoria, revisiones médicas periódicas y reubicación o adopción supervisada tras su retiro.
Aunque la norma prioriza el bienestar animal, el objetivo de fondo es reemplazar progresivamente el uso de perros por tecnologías de patrullaje y detección, como drones, sensores térmicos y cámaras inteligentes.
"Una empresa no puede venir a ignorar estas acciones, porque se expone a sanciones administrativas, operativas civiles e incluso penales", precisó la abogada Sharon Castillo.
La medida no aplica a los caninos de la Policía o el Ejército, pero la Ley Lorenzo exige que todas las entidades públicas adopten principios de bienestar y revisen sus protocolos de descanso y retiro de los animales en servicio.