Por acoso sexual a una contratista, Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a funcionario de El Retiro
El Ministerio Público demostró, en primera instancia, que el funcionario realizó comentarios de connotación sexual, insinuaciones inapropiadas y acercamientos físicos no consentidos a una contratista del municipio.
Los hechos ocurrieron entre abril y diciembre de 2024. Imágenes de referencia. Fotos: cortesía
Tras establecer su responsabilidad en el acoso sexual a una contratista municipal, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años al jefe de la Oficina de Cobro Coactivo y Fiscalización de El Retiro, Elkin Darío Franco García.
El ente de control explicó que logró demostrar que, entre abril y diciembre de 2024, el funcionario realizó comentarios de connotación sexual, insinuaciones inapropiadas y acercamientos físicos no consentidos en diferentes espacios laborales, “que afectaron la dignidad y los derechos fundamentales de la víctima”.
“Estos comportamientos constituyen actos de violencia de género dentro de la entidad, imponiendo a la víctima la carga de tolerar espacios hostiles e incómodos bajo el riesgo de ser revictimizada o tildada de exagerada, tal como ocurrió en el caso de la quejosa”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
En el fallo de primera instancia, el Ministerio Público calificó la conducta de Franco García como falta gravísima cometida a título de dolo.
Además, concluyó que “el funcionario vulneró los principios de la función pública al afectar gravemente la dignidad humana de la contratista, en su condición de mujer”.
Docente suspendido
En otro hecho, la Procuraduría sancionó con suspensión por siete meses e inhabilidad especial al docente Gabriel Ayala Pedraza, “al tratar con falta de rectitud, decoro y respeto a siete estudiantes”.
También en fallo de primera instancia, el Ministerio Público evidenció que el profesor, durante la vigencia 2022, “tuvo conductas impropias con los alumnos que tenía a su cargo y contrarias a su deber de tratarlos con respeto e integridad”.
El ente de control confirmó varias actitudes por parte del docente: el uso de expresiones desobligantes y denigrantes respecto de los educandos, el uso de lenguaje e insinuaciones de doble sentido, el contacto físico no consentido ni justificado, la pretensión de condicionar la evaluación académica a comportamientos ajenos al ámbito lectivo y la adopción de actitudes intimidatorias tras el reporte de tales eventos.
Por todos estos hechos, la Procuraduría calificó la falta del profesor “como grave, a título de dolo”.