“No acepto que un inepto me diga para dónde me tengo que ir si estoy bien en mi EPS”: por decreto presidencial trasladarían a 2,3 millones de usuarios a la Nueva EPS
El nuevo decreto del Ministerio de Salud prevé que, en 6 meses, más de 2,3 millones de colombianos sean trasladados de EPS. Expertos advierten que la medida vulneraría la libre elección y concentraría aún más la población en la Nueva EPS, entidad cuestionada por su crisis financiera.
La imagen de archivo corresponde a una fachada de la Nueva EPS en Medellín
La polémica en el sistema de salud colombiano se intensifica tras conocerse el decreto 858 del Ministerio de Salud, que entraría en vigor en 6 meses, generando movimientos masivos de usuarios a la Nueva EPS.
La medida contempla el traslado de cerca de 2,3 millones de usuarios, equivalentes al 4 % de la población afiliada, hacia entidades con mayor cobertura nacional, lo que, según expertos, terminaría beneficiando exclusivamente a la Nueva EPS.
El Gobierno justifica la decisión como una estrategia para garantizar atención en zonas rurales y apartadas, donde las aseguradoras actuales no tienen suficiente capacidad de resolución.
Sin embargo, académicos y usuarios advierten que la medida podría convertirse en una restricción al derecho a la libre elección de la EPS.
“Estamos hablando de un poco más de 2 millones de personas, pero no está claro adónde irían esos usuarios. La suspicacia está en que solo la Nueva EPS está habilitada para operar en todo el país. ¿Acaso toda esa población va a terminar allí?”, cuestionó Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia.
¿Por qué se cuestiona la decisión que sean trasladados usuarios a la Nueva EPS?
La inquietud crece si se tiene en cuenta que la Nueva EPS enfrenta deudas millonarias con hospitales y clínicas, lo que ha generado problemas en la entrega de medicamentos y la atención oportuna.
Un ejemplo de lo que podría ser afectación es que solo en Antioquia, la IPS Promedan, que atiende a 120.000 usuarios en Itagüí, Medellín y Caucasia, advirtió un riesgo financiero de 19.000 millones de pesos por falta de pago.
Los pacientes expresan su inconformidad. María Cristiana Poveda, por ejemplo, fue enfática: “No acepto que un inepto me diga para dónde me tengo que ir si estoy bien en mi EPS y muchísimo menos con el problema de salud”.
Por su parte, Jorge León López, usuario de Sanitas desde hace 22 años, aseguró: “Me están vulnerando mis derechos porque todo colombiano tiene derecho a exigir la salud en la que quiera estar”.
En este contexto, las 3 EPS más grandes del país —Sura, Sanitas y Salud Total— perderían entre 1,8 % y 3,8 % de sus afiliados, mientras que la Nueva EPS, con más de 12 millones de usuarios, no cedería ninguno.
La discusión ahora se centra en la legalidad del decreto y su impacto en la sostenibilidad del sistema de salud, que atraviesa una de sus mayores crisis en décadas.