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Nayib Bukele va por un tercer mandato en El Salvador: ¿qué viene para el país y qué tan conveniente es su permanencia en el poder?

El mandatario formalizó su candidatura para las elecciones de febrero de 2027. Su política contra las pandillas le ha dado un amplio respaldo popular, pero su permanencia indefinida en el poder genera cuestionamientos sobre la democracia y los derechos humanos.

Nayib Bukele es presidente de El Salvador desde 2019. Foto: tomada de redes sociales

Nayib Bukele es presidente de El Salvador desde 2019. Foto: tomada de redes sociales

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quiere continuar al frente del país. El mandatario formalizó ante el Tribunal Supremo Electoral su candidatura para las elecciones del 28 de febrero de 2027, en las que buscará un tercer mandato consecutivo. Lo acompañará nuevamente el vicepresidente Félix Ulloa.


Su aspiración abre un debate sobre el futuro político del país: ¿qué significa para la democracia que un presidente pueda permanecer indefinidamente en el poder?



Una reforma que cambió las reglas

Para entender este escenario hay que remontarse a julio de 2025, cuando la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección presidencial. Antes, los periodos de Gobierno en El Salvador eran de cinco años y existían restricciones para la reelección inmediata.


El cambio también amplió el mandato presidencial a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral, de manera que un candidato puede ganar sin necesidad de alcanzar la mayoría absoluta. Además, se adelantó el cierre del actual periodo presidencial para unificar las elecciones.


Con estas modificaciones, si Bukele gana en 2027, podría gobernar hasta 2033 y presentarse nuevamente a otros comicios.


Seguridad con resultados y cuestionamientos

Una de las principales razones de la popularidad de Bukele es su estrategia contra las pandillas, responsables durante décadas de extorsiones, homicidios y control territorial.


En marzo de 2022, tras una ola de violencia que dejó 92 personas asesinadas en tres días, el Gobierno decretó un régimen de excepción que continúa vigente. La medida permitió ampliar las facultades de las autoridades, suspender algunas garantías y realizar detenciones masivas.


Según cifras oficiales, los homicidios pasaron de 2.398 en 2019 a 82 en 2025. Sin embargo, la estrategia también ha recibido fuertes críticas.


Human Rights Watch ha denunciado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y vulneraciones al debido proceso. La organización advierte que miles de personas han sido detenidas sin pruebas suficientes de pertenecer a estructuras criminales.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha cuestionado la prolongación del régimen de excepción y ha advertido sobre las consecuencias de estas medidas para las garantías fundamentales de la población.


¿Qué viene para El Salvador?

Las preocupaciones internacionales van más allá de la seguridad. Human Rights Watch y la CIDH han advertido sobre la concentración de poder, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y los riesgos que representa la reelección indefinida para la democracia.


Así, El Salvador llega a las elecciones de 2027 entre dos realidades: un Gobierno que muestra la reducción de la violencia como uno de sus principales logros y organismos internacionales que alertan sobre el costo institucional y humano de ese modelo.


El desafío para los próximos años será determinar si el país puede conservar los avances en seguridad sin sacrificar las garantías democráticas. La discusión no se limita a si Bukele debe continuar en la Presidencia, sino a cuáles serán los límites de su poder y qué instituciones podrán ejercer control sobre sus decisiones.



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