Miguel Quintero y Sebastián Ortega se habrían movido "bajo las sombras" en desfalco del AMVA; piden cárcel para ambos

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán, el abogado que representa al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Majer Nayi Abushihab, presentó ante el juez una línea de tiempo construida a partir de interrogatorios, chats y declaraciones de testigos con principio de oportunidad.

Según su relato, Quintero habría determinado el direccionamiento de seis contratos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, mientras que Ortega habría intervenido desde las reuniones iniciales hasta la recepción final de los dineros.

Se basó en varias declaraciones juramentadas de testigos que ya tienen principio de oportunidad, entre estos, Misael Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Este aseguró que, en una de esas reuniones, Quintero se encontraba con Sebastián Ortega, quien le planteó si le interesaba adelantar un contrato de capacitaciones con Bomberos. Cadavid accedió y, de ahí, lo remitieron a hablar con Álvaro Alonso Villada, entonces subdirector administrativo y financiero del AMVA.

En esa etapa, según el abogado, Villada le transmitió a Cadavid que Miguel Quintero había dado la indicación de que el contrato se ejecutara con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y le planteó una comisión inicial del 20 % del valor del contrato, que tras una supuesta negociación ilegal, bajó al 15 %.

Abushihab explicó que la recolección de los dineros pactados tuvo dos etapas, con distintos receptores.

Entre 2020 y 2022 quien recibía los recursos de Cadavid era Álvaro Villada quien, a su vez, se los entregaba a Miguel Quintero.

Los pagos de los contratos, según dijo, se hacían mediante cambios de cheques a nombre de un bombero de confianza, que entregaba el efectivo a Juan Cardona, quien avisaba que "ya estaba la plata". Desde ahí, el dinero le llegaba a Villada a distintos puntos de la ciudad.

El cambio de receptor, según las pruebas, ocurrió “oficialmente” en 2023. Cadavid declaró que Miguel Quintero le indicó que ya no le entregara más dinero a Villada, sino a Sebastián Ortega, con quien se reunía regularmente en un hotel de Medellín.

Las entregas a Ortega, siempre en efectivo y en bolsas, se habrían hecho en un par de ocasiones en las oficinas de Bomberos en Itagüí y otras en el hotel, incluida una en la que también estuvo presente Villada.

El abogado señaló que ese tránsito de un receptor a otro no implica que la intervención de Ortega comenzara solo en 2023.

Reveló que Laura Mejía, quien también está colaborando con la justicia, relató que ya el 10 de junio de 2021 Villada le comentó que Ortega quería ser el enlace y que debía rendirle cuentas a él.

La misma testigo indicó que, con el tiempo, Miguel Quintero prefería tratar con Ortega y se habría alejado de Villada y que, tras la salida de este del AMVA el 22 de septiembre de 2022, Quintero "ya puso a Ortega a cobrar dineros".

Reiteró que del 15 % pactado sobre cada contrato, un 10 % iba a Miguel Quintero y un 5 % para quien ejerciera como recolector. El abogado citó varias declaraciones de Cadavid en las que precisó que esa plata, "mediante repartijas", tenía como destino final a Miguel Quintero.

El abogado, con base en el trabajo de la Fiscalía, reiteró que el peculado total se estimó en 2.481 millones de pesos, cifra que, según dijo, fue corroborada mediante el análisis de facturas y documentos, y no solo con el testimonio de Cadavid sobre el porcentaje del 15 %.

De ese monto, a Sebastián Ortega se le atribuyó una cifra cercana a 133 millones de pesos en beneficio propio.

Para el abogado, la intervención de Miguel Quintero se estructuró en varios momentos: vinculó a Cadavid al esquema con los seis contratos, impuso el porcentaje a entregar dejando la negociación en manos de Villada, instruyó la designación de subdirectoras ambientales que firmaran los contratos y dispuso que Villada y Ortega, después, fueran quienes recibieran los recursos.

Sobre Ortega, sostuvo que su participación no se limitó a recibir y trasladar el dinero.

Según planteó, participó en las reuniones que vincularon a Cadavid al entramado desde 2020, ejerció como enlace entre Quintero y Villada en la toma de decisiones y acudía a las oficinas de Bomberos para tratar asuntos relacionados con los contratos.

Además, habría influido para que los contratos continuaran pues, según lo narrado en la audiencia, Cadavid necesitaba ese dinero para financias su campaña a la Cámara de Representantes.

Con base en esos elementos, el abogado argumentó que a Ortega le cabe la calidad de coautor interviniente, aunque la Fiscalía no lo imputó por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, sino por peculado por apropiación.

El abogado solicitó la medida de aseguramiento al considerar que se cumplen tres fines constitucionales: obstrucción a la justicia, peligro para la comunidad y riesgo de no comparecencia. Para sustentar el primero, citó las presuntas presiones que Misael Cadavid habría recibido tras su captura.

Entre los hechos mencionados están supuestos ofrecimientos económicos, visitas de abogados y contactos con personas cercanas a Cadavid, además de mensajes públicos de Daniel Quintero en defensa de su hermano.

La Fiscalía, según el abogado, ya investiga uno de estos episodios por un presunto soborno.

Luego de escuchar los argumentos del apoderado del AMVA, en los que se tomó más de seis horas, el juez decidió suspender la audiencia para este 28 de septiembre a las 2:00 p. m. Esto para que los abogados de Miguel Quintero y Sebastián Ortega puedan estudiar lo revelado y preparen la defensa.