Menos de cuatro años: esta podría ser la pena para dos de los implicados en el crimen del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, ¿por qué?

Para dos de los cinco capturados por el secuestro, desaparición y posterior asesinato del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, las sanciones podrían llegar a menos de cuatro años.

Al momento de cometer el crimen, Brayan Andrei Palacio Arango, alias 'El Cabo', y Juan Diego Echavarría Arango, alias ‘Se Lo Juro’, quienes aceptaron su participación en el hecho, tenían 17 años. Esto hace que, a pesar de que fueron capturados cuando ya eran mayores de edad, tengan que ser juzgados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

De entrada, eso significa que la sanción máxima que podrían recibir es de ocho años; sin embargo, se habrían jugado una carta que podría bajarles la pena mucho más.

Tanto 'Se lo Juro' como 'El Cabo' se allanaron a los cargos y aceptaron colaborar con la justicia, por lo que tendrían más beneficios.

El abogado penalista Andrés David Villa Ortiz explicó que la ley los tratará como menores y, por eso, recibirán un trato diferencial. Ello se traduce en sanciones distintas y, en general, más bajas que las que recibiría un adulto por el mismo delito.

"En este caso puntual, a los dos jóvenes se les imputó el delito de desaparición forzada, una conducta cuya sanción, dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, oscila entre uno y cinco años", precisó y aclaró que, técnicamente, no se habla de pena sino de sanción.

Al panorama se suma otro factor que podría inclinar la balanza hacia un límite inferior, incluso más baja de esa escala. Se trata de la colaboración que los procesados habrían prestado a la justicia y la aceptación de cargos.

Según el abogado, esas circunstancias podrían influir en la decisión del juez al momento de tasar la sanción, de forma que se aleje del tope máximo de cinco años y sea mucho menos.

El penalista Santiago Tobón añadió, por otro lado, que la ley protege las circunstancias existentes en el momento de la comisión del delito. Así las cosas, explicó, aunque los procesados ya hayan alcanzado la mayoría de edad no cambia el marco jurídico sobre el cual deben ser juzgados.

Eso los exime de que los condenen como adultos, independientemente de la gravedad de lo que hayan hecho. Por otra parte, explicó que las sanciones deberán estar orientadas hacia procesos de resocialización y no tanto hacia castigos.

Tobón señaló, además, que la ley prohíbe de manera expresa los preacuerdos bilaterales entre la Fiscalía y la defensa en esta clase de procesos. Esto porque lo que se busca es preservar el principio de legalidad y evitar que la colaboración con la justicia se traduzca en beneficios negociados por fuera de la norma.

Sin embargo, existe la figura de la aceptación unilateral que, con solo reconocer su participación en la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez, ya les da una rebaja que podría llegar hasta el 50 %. Esto quiere decir que los implicados podrían pagar, incluso, menos de tres años, si así lo considera el juez.

Sobre el lugar donde la cumplirían la pena, Tobón explicó que, al tratarse de mayores de edad, surge la duda sobre si corresponde ubicarlos en un pabellón penitenciario especial o si deben permanecer bajo alguna forma de diferenciación dentro del sistema.

Sin embargo, con las estaciones de Policía desbordadas y el sistema penitenciario colapsado, resultaría complejo llevarlos a un lugar distinto de un centro de reclusión para adultos. Es decir, podrían terminar en una cárcel, pero con una sanción menor, pese a la gravedad del crimen que ya aceptaron.