Medellín busca proteger el agua de más de cuatro millones de personas con un pacto a diez años, ¿cómo lo hará?
El acuerdo reúne a entidades públicas, empresas y comunidades para proteger las fuentes de agua que abastecen al Valle de Aburrá, en medio de las restricciones del servicio.
Las acciones se concentrarán en las cuencas de los ríos Aburrá, Grande, Negro y Arma. Fotos: cortesía
Las restricciones de agua que han enfrentado varios sectores de Medellín durante los últimos meses evidencian las dificultades para garantizar el abastecimiento.
La situación también genera preocupación por el estado de los ríos, bosques y nacimientos de agua de los que depende el suministro de millones de personas.
En medio de este panorama, Medellín y otros territorios de Antioquia acordaron trabajar durante los próximos diez años en la protección de estas fuentes. El compromiso hace parte del Gran Pacto Territorial por la Seguridad Hídrica, que reúne a entidades públicas, empresas, universidades y comunidades.
Las acciones se concentrarán en las cuencas de los ríos Aburrá, Grande, Negro y Arma, que forman parte de los sistemas hídricos de la región. El propósito es recuperar zonas deterioradas, mejorar la calidad del agua y proteger los ecosistemas que permiten su abastecimiento.
El acuerdo llega después de meses de dificultades con el suministro. EPM ha tenido que programar interrupciones del servicio por la disminución de las lluvias y los caudales.
Al 18 de octubre, el embalse Piedras Blancas registraba un almacenamiento del 80,58 %, frente al 92 % que la empresa considera necesario para afrontar los primeros meses de 2027.
¿Qué cambiará con el pacto?
Una de las prioridades será proteger los nacimientos de agua y recuperar áreas de bosque que ayudan a regular los caudales. También habrá medidas de saneamiento, monitoreo e incentivos para las familias campesinas que conservan estos territorios.
“La variabilidad climática nos reta en lo cotidiano”, señaló la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz Saldarriaga, quien destacó que las soluciones existentes pueden tener mayor alcance si las instituciones y las comunidades coordinan sus esfuerzos.
Por su parte, María Claudia de la Ossa Posada, directora ejecutiva de CuencaVerde, explicó que el acuerdo busca convertir los compromisos en acciones de “protección, de restauración, de monitoreo, de educación ambiental”.
La organización tendrá a su cargo la coordinación técnica y deberá convocar mesas de trabajo para establecer quién ejecutará los proyectos, cuánto costarán y en qué plazos deberán cumplirse. Las metas se revisarán cada dos años.
Lo que ya se ha hecho y lo que falta
El trabajo de conservación no comienza desde cero. Las entidades participantes reportan intervenciones en cerca de 6.800 hectáreas, la siembra de más de 300.000 árboles y la protección de más de 1.000 nacimientos de agua.
También se han suscrito 650 acuerdos voluntarios con propietarios y comunidades, y una red de 70 puntos permite monitorear las cuencas que abastecen los embalses Riogrande II y La Fe.
Sin embargo, el pacto todavía debe definir los recursos económicos, las metas específicas y las responsabilidades de cada participante.
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Las medidas de conservación no resolverán de inmediato las restricciones del acueducto, pero buscan disminuir los riesgos para el abastecimiento a largo plazo, especialmente ante las alteraciones de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.