La ONU seguirá verificando el Acuerdo de Paz en Colombia, pero ya no vigilará la reforma rural
El Consejo de Seguridad renovó por unanimidad el mandato de la Misión de Verificación hasta octubre de 2027, aunque redujo sus funciones. El presidente Abelardo De La Espriella celebró la decisión.
El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la Misión de Verificación el pasado 30 de octubre. Foto: cortesía
La Reforma Rural Integral, uno de los compromisos centrales del Acuerdo de Paz de 2016, dejará de contar con la verificación de Naciones Unidas en Colombia. La decisión reduce el alcance del acompañamiento internacional, pero no elimina las obligaciones del Estado colombiano.
El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la Misión de Verificación el pasado 30 de octubre. Su presencia en Colombia se extenderá hasta el 31 de octubre de 2027. Los 15 integrantes del organismo respaldaron la decisión por unanimidad.
Con este cambio, Naciones Unidas concentrará su trabajo en la reincorporación de los antiguos integrantes de las Farc. También continuará verificando las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo y las comunidades afectadas por el conflicto.
Por su parte, las instituciones colombianas asumirán el seguimiento de los compromisos de la Reforma Rural Integral. Este componente incluye medidas relacionadas con el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad y el desarrollo de las zonas rurales.
La modificación tiene especial importancia porque la reforma rural constituye el primer punto del Acuerdo de Paz. Su objetivo es atender problemas históricos de desigualdad y acceso a la tierra que afectan a las comunidades campesinas.
Además, la ONU venía verificando los avances de este componente desde 2023. Con el nuevo mandato, la Reforma Rural Integral dejará de formar parte de los informes periódicos de verificación de la Misión.
Gobierno celebra el cambio en el mandato de la ONU
Aunque la votación se realizó el 30 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció el lunes 2 de noviembre. A través de su cuenta en X, presentó la decisión como un respaldo a la posición de su Gobierno.
“Esta decisión reafirma la soberanía de Colombia para asumir sus responsabilidades y definir, dentro del marco de la Constitución y la ley, los mecanismos de implementación de sus compromisos”, expresó el mandatario.
El presidente también agradeció a los integrantes del Consejo de Seguridad. Además, destacó la gestión del embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, durante las discusiones sobre el nuevo mandato.
De La Espriella reiteró su postura frente al proceso de paz al señalar que “la paz no puede ser sinónimo de impunidad, ni la soberanía puede ser negociable”.
Los desafíos que siguen pendientes para el Acuerdo de Paz
La decisión llega cuando se cumplen diez años de la firma del Acuerdo de Paz. Sin embargo, todavía existen dificultades para garantizar la seguridad en distintas regiones de Colombia.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad, el representante del Reino Unido recordó que más de 11.000 excombatientes permanecen vinculados al proceso de reincorporación.
El diplomático también advirtió sobre las amenazas que representan la violencia y los cambios en las dinámicas del conflicto armado. Estas condiciones siguen afectando a las comunidades de diferentes territorios.
Por su parte, el embajador Mauricio Gaona defendió los ajustes solicitados por el Gobierno colombiano. También cuestionó los resultados del proceso de paz frente a la persistencia del narcotráfico, el desplazamiento forzado y las estructuras criminales.
“No somos un país que esté disfrutando de los beneficios del proceso de paz; al contrario, luchamos contra sus consecuencias”, afirmó el representante colombiano.
Pese a la modificación, la Reforma Rural Integral seguirá siendo una obligación del Estado. La decisión tampoco elimina los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz.
El principal cambio está en quién verifica su cumplimiento. Mientras Naciones Unidas continuará supervisando la reincorporación y las garantías de seguridad, las instituciones colombianas deberán hacer seguimiento a los avances de la reforma rural.
