Juez de Medellín le prohibió al presidente Petro hacer campaña política en X; así reaccionó el mandatario
El fallo busca impedir que recursos, canales oficiales o la investidura presidencial influyan en la recta final de la campaña electoral, cuando faltan pocos días para la segunda vuelta.
La decisión surgió tras una acción de tutela presentada por un ciudadano que cuestionó las constantes publicaciones del mandatario sobre el proceso electoral. Foto: AFP
La presunta participación política del presidente Gustavo Petro volvió al centro del debate electoral. El Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín le ordenó al mandatario abstenerse de utilizar su cuenta de X y otros canales institucionales para emitir mensajes a favor o en contra de los candidatos que disputan la Presidencia de la República.
La decisión surgió tras una acción de tutela presentada por un ciudadano que cuestionó las constantes publicaciones del mandatario sobre el proceso electoral y los aspirantes que buscan sucederlo en la Casa de Nariño.
El fallo busca impedir que recursos, canales oficiales o la investidura presidencial influyan en la recta final de la campaña electoral, cuando faltan pocos días para la segunda vuelta.
La respuesta del presidente no tardó. Durante el más reciente Consejo de Ministros televisado, Petro aseguró que la decisión judicial busca silenciarlo.
¿Petro sin redes sociales? Esta fue la reacción del mandatario ante la decisión del juez de Medellín
“Eso es callar a un presidente de la República elegido por voto popular”, afirmó el mandatario.
Además, anunció que emprenderá acciones legales contra quienes promovieron y respaldaron la medida judicial, argumentando que se estaría vulnerando su derecho a expresarse públicamente.
La controversia se alimenta de una serie de publicaciones realizadas por Petro durante los últimos meses. Analistas, sectores políticos y organismos de control han cuestionado el contenido y la frecuencia de esos mensajes, al considerar que podrían exceder los límites que la Constitución impone a los funcionarios públicos en materia electoral.
Según diferentes seguimientos, el presidente ha publicado más de un centenar de mensajes relacionados con la campaña presidencial, algunos de ellos dirigidos a cuestionar el proceso electoral, advertir sobre un supuesto fraude o fijar posiciones frente a los candidatos.
Incluso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya había convocado una audiencia para que el mandatario explicara las afirmaciones que realizó sobre la organización electoral y la Registraduría Nacional.
El debate jurídico gira alrededor de un principio constitucional: mientras el presidente conserva su derecho a la libertad de expresión, también tiene la obligación de representar la unidad nacional y respetar las restricciones que impiden a los servidores públicos intervenir en política.
Desde la Procuraduría, el viceprocurador Julián Alejandro Fernández advirtió recientemente sobre el riesgo de confundir el rol institucional del jefe de Estado con el de un actor activo dentro de la contienda electoral.
La decisión judicial llega en medio de una campaña marcada por la polarización y revive una pregunta que ha acompañado gran parte del actual proceso electoral: ¿hasta dónde puede llegar un presidente en ejercicio cuando opina sobre la elección de su sucesor?