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Hoteles y comercios también estarían robando servicios públicos en Medellín, denuncia EPM; ¿cómo lo hacen?

Las conexiones ilegales y la manipulación de medidores afectan el suministro de agua, energía y gas en Medellín y el Valle de Aburrá. EPM advierte sobre la participación de estructuras criminales en este negocio.

El robo de servicios públicos en Medellín y el Valle de Aburrá deja pérdidas superiores a $1,2 billones en cinco años. Foto: cortesía

El robo de servicios públicos en Medellín y el Valle de Aburrá deja pérdidas superiores a $1,2 billones en cinco años. Foto: cortesía

El robo de agua, energía y gas en Medellín no ocurre únicamente mediante conexiones clandestinas en viviendas. Hoteles y establecimientos comerciales también figuran entre los investigados por alterar sus sistemas de medición para pagar menos de lo que realmente consumen en servicios públicos, según el balance presentado por EPM.


Una de las modalidades consiste en intervenir los medidores para que registren cantidades inferiores a las utilizadas. También existen conexiones directas a las redes sin autorización y mecanismos más sofisticados que requieren conocimientos técnicos especializados.


La dimensión de estas prácticas quedó reflejada en un operativo de extinción de dominio realizado en mayo de 2026, cuando las autoridades afectaron 42 inmuebles, entre ellos 14 hoteles ubicados en sectores como Laureles, Belén y el centro de Medellín.


Según las investigaciones, estos establecimientos habrían manipulado durante 12 años los sistemas de medición de agua, energía y gas, evitando el pago de parte de sus consumos.


¿Qué tanto se pierde en los servicios públicos del Valle de Aburrá?

El vicepresidente de Negocios de EPM, Humberto Iglesias, informó que, con corte a agosto de 2026, las pérdidas totales en el área metropolitana llegaron al 8,45 % en energía, al 3,40 % en gas y al 34,53 % en agua.


Sin embargo, la empresa aclaró que no todos estos porcentajes corresponden a robos. También incluyen problemas técnicos, condiciones operativas y consumos que no alcanzan a registrarse.


En conjunto, las pérdidas por estos diferentes factores superaron los $1,2 billones durante los últimos cinco años en Medellín y el Valle de Aburrá.


Manipular un medidor puede convertirse en un delito

La defraudación de fluidos está contemplada en el artículo 256 del Código Penal colombiano y sanciona la apropiación irregular de servicios públicos mediante mecanismos fraudulentos, bajo las condiciones establecidas por la ley.


Las autoridades mantienen operativos para detectar conexiones clandestinas, identificar alteraciones en los equipos de medición y recuperar consumos que no fueron facturados.


Para Iglesias, el problema también tiene una dimensión relacionada con el comportamiento ciudadano y el respeto por las normas.


“¿Qué ocurre con una sociedad cuando comienza a considerar que es normal que alguien utilice un servicio sin pagar y sin pagar especialmente lo que corresponde?”, cuestionó el funcionario.


EPM advirtió que estas prácticas afectan sus recursos y plantean un desafío para el control de las redes de servicios públicos, especialmente cuando las irregularidades involucran actividades comerciales que pueden obtener beneficios económicos a partir del consumo no registrado.



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