¿Hay una crisis por basuras en municipios del Valle de Aburrá? Procuraduría le pone la lupa a supuestas fallas en el servicio de aseo
La entidad inició una acción preventiva para hacer seguimiento a retrasos en la recolección de residuos y otras deficiencias reportadas por ciudadanos y autoridades locales.
Procuraduría toma acción ante problemática de basuras en Bello.
La Procuraduría General de la Nación inició una acción preventiva para hacer seguimiento a las dificultades registradas en la prestación del servicio público de aseo en varios municipios del Valle de Aburrá y el norte de Antioquia.
Entre las localidades donde se han reportado inconvenientes se encuentran Bello, Itagüí, Sabaneta, Copacabana, Girardota, La Estrella, Caldas y San Pedro de los Milagros.
De acuerdo con el Ministerio Público, se han identificado problemas como retrasos en las rutas de recolección, demoras en la atención de puntos críticos y dificultades para la disposición de escombros y residuos voluminosos, situaciones que han generado inconformidad entre la ciudadanía.
Como parte de la acción preventiva, la Procuraduría solicitará información a las empresas encargadas del servicio para verificar si están cumpliendo con las obligaciones relacionadas con continuidad, cobertura y calidad en la prestación del aseo.
Según reportes de alcaldías del área metropolitana, las fallas en la operación se han evidenciado desde hace varios meses e incluyen incumplimientos en rutas y horarios, deterioro de la flota recolectora y demoras en la recolección de residuos especiales.
Bello es uno de los municipios del Valle de Aburrá más afectado con las basuras
En el caso de Bello, la administración municipal ha señalado presuntas deficiencias del operador del servicio tras múltiples quejas ciudadanas por acumulación de basura en diferentes sectores.
Incluso, el municipio evalúa la posibilidad de cambiar de operador si no se presentan mejoras en la prestación.
La Procuraduría aclaró que su intervención busca prevenir riesgos ambientales, afectaciones a la salud pública y posibles irregularidades administrativas, sin que esto implique coadministración.