'El Gury' pidió bombardear zonas donde Cepeda obtuvo mayor votación y usó a Campamento como ejemplo; rechazan estigmatización
Hasta ahora, el presidente electo Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado sobre la propuesta del concejal. Lo que sí anunció fue una política de máxima presión y un plazo de un mes para el sometimiento de grupos armados ilegales.
Rodríguez aseguró que las autoridades ya habrían identificado las mesas en las que, según su versión, se presentaron esas supuestas irregularidades. Foto: cortesía.
El concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “El Gury”, propuso que las futuras operaciones militares se concentren en las zonas donde Iván Cepeda obtuvo las mayores votaciones en la segunda vuelta presidencial.
Sus declaraciones, en las que incluso habló de bombardeos, llevaron al Concejo de Campamento a exigir una rectificación pública por considerar que estigmatizan al municipio.
La propuesta la hizo durante una sesión del Concejo de Medellín, en la que se refirió al denominado “voto fusil”, expresión utilizada para señalar un supuesto constreñimiento al elector por parte de grupos armados ilegales.
Rodríguez afirmó que las autoridades ya tendrían identificadas las mesas donde, según él, ocurrieron esas presuntas irregularidades.
Con ese argumento, pidió que las próximas operaciones del Estado se concentren en esos territorios.
“Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades (…), los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas”, manifestó el cabildante.
El concejal sostuvo que esos lugares coinciden con zonas donde operan estructuras armadas ilegales y cuestionó las explicaciones entregadas por exfuncionarios del Gobierno sobre el comportamiento electoral.
Como ejemplo mencionó al municipio de Campamento, en el Norte de Antioquia.
Según Rodríguez, esa población pasó de registrar cerca de 400 votos por Iván Cepeda a más de 2.500 en la segunda vuelta presidencial, situación que atribuyó a presuntas presiones ejercidas por grupos armados.
Incluso, aseguró que en ese municipio podrían comenzar “las fumigaciones”, los ataques militares y los bombardeos, además de pedir una mayor presencia de Ejército y Policía.
También extendió ese planteamiento a otras zonas del Valle de Aburrá donde, según afirmó, existieron indicios de constreñimiento al elector.
Campamento exigió una rectificación pública
Las declaraciones motivaron una respuesta del Concejo Municipal de Campamento. La corporación rechazó los señalamientos del concejal de Medellín y sostuvo que sus palabras estigmatizan a una comunidad que durante décadas ha padecido el conflicto armado.
En un comunicado, los concejales solicitaron una rectificación pública y una disculpa formal dirigida a los habitantes del municipio.
El pronunciamiento señala que Campamento trabaja por consolidar un territorio en paz y que ninguna diferencia política justifica mensajes que promuevan la violencia o pongan en riesgo la tranquilidad de la población.
Además, recordó que quienes ejercen cargos públicos deben actuar con responsabilidad, debido al impacto que sus declaraciones generan sobre las comunidades.
Las palabras de Rodríguez también provocaron cuestionamientos desde otros sectores políticos. Entre ellos, el exministro Andrés Camacho, quien criticó el alcance de ese tipo de mensajes.
Hasta ahora, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no se ha pronunciado sobre las declaraciones del concejal ni ha respaldado esa propuesta.
Lo que sí anunció, durante la ceremonia en la que recibió las credenciales que oficializan su elección, fue una política de máxima presión contra las estructuras criminales.
En ese discurso dio a los grupos armados ilegales un plazo de un mes para organizar su sometimiento a la justicia y advirtió que quienes continúen delinquiendo enfrentarán toda la capacidad operativa del Estado.
Defensoría pide retractación e intervención de la Fiscalía
La Defensoría del Pueblo rechazó las declaraciones de Andrés Felipe Rodríguez, “El Gury”, y le pidió retractarse por los señalamientos realizados durante la sesión del Concejo de Medellín.
Además, remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para que determine si las afirmaciones del concejal podrían constituir conductas con relevancia penal.
El organismo advirtió que “ninguna diferencia política, ideológica o electoral puede justificar” acciones dirigidas contra comunidades ni la estigmatización por la forma de votar.
También señaló que considerar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas “resulta incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho” y pone en riesgo a la población.
La Defensoría agregó que los servidores públicos tienen un deber reforzado de actuar con responsabilidad y recordó que la libertad de expresión no ampara discursos que promuevan violencia política.