Gobierno De la Espriella acabó con la Mesa de Paz Urbana con cabecillas de bandas del Valle de Aburrá
El Ejecutivo cerró oficialmente el espacio que funcionaba desde 2023 con estructuras del Valle de Aburrá. Los 17 cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí ya habían sido trasladados a otros centros penitenciarios.
La revisión también cerró otros procesos de diálogo que seguían abiertos desde el gobierno Petro. Foto: cortesía
Después de más de tres años de acercamientos, las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá se quedaron sin el mecanismo que les permitía mantener conversaciones formales con el Gobierno Nacional.
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó “dar por terminado el Espacio de Conversación Sociojurídico”.
Las mesas comenzaron en 2023 y reunieron a representantes de varias de las organizaciones delincuenciales con mayor influencia en el área metropolitana.
La decisión quedó consignada en la Resolución Ejecutiva 369 del 3 de septiembre de 2026 y tiene efectos desde su expedición. El documento también deja sin vigencia la resolución con la que se había creado ese escenario durante el Gobierno anterior.
En términos prácticos, desaparece el marco administrativo bajo el cual se desarrollaron los acercamientos con representantes de estructuras como La Oficina, Los Chatas, El Mesa, Pachelly y Los Triana, además de otros grupos y combos con presencia en Medellín y municipios vecinos.
El cierre encuentra además a los representantes de esas organizaciones en un escenario diferente al que tuvieron durante buena parte del proceso.
Hace unos días, 104 internos fueron trasladados de la cárcel La Paz, en Itagüí. Entre ellos estaban los 17 cabecillas que participaban en el espacio sociojurídico y permanecían concentrados en ese establecimiento penitenciario.
Ahora, la resolución encarga a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz comunicar el cierre “a las autoridades correspondientes, para lo de su competencia”.
Con la desaparición de este mecanismo también termina una experiencia inédita para Medellín.
Durante tres años, representantes de organizaciones que históricamente han disputado rentas ilegales y territorios tuvieron interlocución con delegados del Gobierno Nacional.
Sin embargo, varias polémicas, como el tarimazo en 2025 en el sector de La Alpujarra con el entonces presidente Gustavo Petro, y la parranda en abril pasado en uno de los pabellones de la cárcel La Paz, de Itagüí, dejaron en entredicho la efectividad del proceso.
“Había personas que esquivaban a la justicia simplemente al ser designados como voceros de paz y se les acabó todo eso”, aseguró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
El Gobierno cerró otra mesa al mismo tiempo
La determinación sobre Medellín hace parte de una revisión más amplia de los procesos que permanecían abiertos desde la administración de Gustavo Petro.
Otra resolución, la 365 del 3 de septiembre, puso fin a la Mesa de Diálogos de Paz con Comuneros del Sur, estructura que se separó del Eln y concentró su proceso principalmente en Nariño.
Allí el escenario era distinto. Durante los acercamientos hubo entrega de material de guerra y se discutió la posibilidad de avanzar hacia una Zona de Ubicación Temporal, aunque ese paso no llegó a concretarse.
Alias ‘HH’, quien está al frente de Comuneros del Sur, tiene además autorizada su extradición a Estados Unidos. La medida podrá hacerse efectiva cuando sea capturado.
Medellín y Comuneros del Sur se suman a otros tres procesos terminados por De la Espriella desde finales de agosto: los diálogos con las disidencias de alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Precisamente este viernes murió durante una operación policial en Riohacha alias ‘Bendito Menor’, uno de los principales cabecillas de esta última organización.
Mientras se cierran estos escenarios, queda pendiente una definición sobre el Clan del Golfo. Hasta ahora no se conoce una resolución equivalente que determine qué ocurrirá con ese proceso.