Gobernador de Antioquia irá a la Corte Constitucional; busca demostrar ilegalidad de las APPA, que regularía las actividades económicas del Suroeste

Esta tarde el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, defenderá la autonomía territorial del departamento en la audiencia pública que realizará la Corte Constitucional donde discutirán la legalidad de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, más conocidas como APPA.

Y es que el artículo 32 parcial de la Ley 2294 de 2023 le dio la potestad al Gobierno Nacional a que defina cuáles territorios puedan usarse o no para actividades que, para el Ejecutivo van en contravía de la protección del agua y la producción alimentaria.

Esto, según sostienen sus opositores, suplantaría a las funciones de los concejos municipales que, hasta ahora, son los responsables de esas definición con la discusión y aprobación de los Planes de Ordenamiento territorial (POT).

Pese a ello, el Gobierno Nacional expidió la resolución 377 de 2024 con la pretendería cambiar la vocación económica de los 23 municipios de Suroeste antioqueño.

Argumentaron que esa zona es rica en producción de agua y vital para la agricultura, por lo que las actividades económicas, debían regularse.

“El Gobierno de Gustavo Petro, sus ministras y ministros, mantenemos irrevocable la decisión de avanzar por la vida, de avanzar por la protección del suelo, de avanzar por la protección del agua, de los bosques", expresó la ministra de Agricultura Martha Carvajalino, el pasado 5 de febrero.

Lo hizo en medio de un tenso encuentro en Antioquia, donde los alcaldes de los municipios involucrados reiteraron que esto violaba la Constitución.

Es la misma postura del gobernador Rendón quien, al conocer la resolución, se opuso a que el Gobierno Nacional se inmiscuyera en el desarrollo económico de la región.

Aseguró que le pedirá a la Corte Constitucional que las declare inexequibles porque, además de que estas son contrarias a la Constitución, “las APPA, que quiere imponernos Petro, son cercanas al socialismo y lejanas de las libertades individuales y colectivas”.

Ante la polémica y las demandas de inconstitucionalidad en contra del artículo 32 parcial de la Ley 2294 de 2023, que le da la potestad al Ministerio de Agricultura de seleccionar cuáles regiones de Colombia pueden usarse para la minería, ganadería, monocultivos o turismo, la Sala Plena de la Corte Constitucional convocó la audiencia pública para las 2:00 p.m. de este 29 de septiembre.

"El asunto que se discute en este proceso suscita un gran interés ciudadano e involucra la definición de cuestiones relacionadas con las competencias entre la Nación y los municipios sobre los usos del suelo", indicó la Corte.

Añadieron que el proceso suscita un profundo debate sobre el alcance de la autonomía territorial y "sobre los efectos de las áreas de protección en el ordenamiento del suelo rural por parte de los territorios".

Además de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, a la audiencia pública asistirán el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, delegados de la Federación Nacional de Departamentos, de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, de la Federación Colombiana de Municipios.

También se escucharán a los delegados de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC), la Asociación Colombiana de Minería, la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL).

También estarán representantes de la Cámara Colombiana de Infraestructura, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y al Consejo Comunitario Ancestral los Negros de Cañaverales.