Expertos explican por qué el sicario de 15 años que atentó contra Miguel Uribe no aceptó cargos, ¿qué busca?

Aunque a la luz del derecho y con el material probatorio con el que cuenta la Fiscalía hubiera sido más fácil que el sicario de 15 años que le disparó al senador Miguel Uribe aceptara los cargos que le imputó la Fiscalía, el hecho de no hacerlo podría ser una calculada estrategia de la defensa del acusado.

A el adolescente se le procesó por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de esos delitos aceptó.

El abogado penalista, Santiago Tobón, aclaró de antemano que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en Colombia no permite preacuerdos entre la Fiscalía y los menores de edad, por lo que esta no sería una razón.

“Si hubiera aceptado los cargos habría conducido a una rebaja en la sanción al momento de llegarla a imponer el juez de conocimiento por lo es una sorpresa esa determinación”, dijo Tobón asegurando que la estrategia podría ser otra clase de negociación que ya se estaría fraguando entre la defensa y la Fiscalía.

Esa podría ser lo que reveló recientemente la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y es que el joven y su familia accedan al programa de Protección de Testigos donde además de cambiarles la identidad, a él y a su familia, los reubicarán en otra ciudad y podrán recibir ayuda económica.

El abogado Jhonattan Salazar fue más allá y aseguró que como estrategia técnica de defensa y en búsqueda de esclarecer la realidad de los determinadores intelectuales, no aceptar los cargos propuestos por la Fiscalía es lo más conveniente que pudo hacer el menor de edad.

“Esta decisión no busca dilatar la justicia, sino garantizarla en su forma más responsable. Aceptar cargos en este momento implicaría cerrar anticipadamente el proceso, conllevando exclusivamente a un menor de edad a pagar una pena que en teoría y por el impacto social y político de los hechos, se podría tildar como irrisoria, impidiendo esclarecer el crimen plenamente”, indicó.

Precisó que, conforme al Código de Infancia y Adolescencia, el sistema penal juvenil no solo sanciona, sino que debe proteger e investigar las condiciones sociales, económicas y de vulnerabilidad que rodean a los adolescentes involucrados en delitos.

“Además, aceptar cargos sin un juicio público, puede poner en grave riesgo la seguridad del menor y de su familia, al dejar sin identificar a quienes realmente están detrás de este acto criminal. La mejor garantía de justicia no es una condena rápida y anticipada, sino un proceso riguroso que permita llegar a toda la verdad”, concluyó.