Experto analiza resolución que suspendió órdenes de captura a 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá: "presenta graves fallas"
La medida empezará a regir por un periodo inicial de seis meses, en medio del calendario electoral.
La acción será presentada ante el Consejo de Estado el lunes 6 de abril, debido al receso judicial que mantiene suspendido el funcionamiento del sistema. Foto: cortesía.
La resolución de la Fiscalía que suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí desató una nueva polémica. Sin embargo, el foco ahora está en posibles errores jurídicos que podrían dejar sin efectos la medida.
El abogado penalista Óscar David Santamaría revisó el documento y lanzó una advertencia directa: "la redacción presenta fallas graves". Según explicó, el texto no tiene claridad sobre los procedimientos que deben seguirse con personas ya condenadas.
“El jurista dijo que un juez de ejecución de penas, si están condenados, debe autorizar cualquier salida. Es ese juez quien tiene que dar el permiso”, precisó.
Además, cuestionó el alcance del acto administrativo. A su juicio, la Fiscalía no definió correctamente los límites legales, lo que abre la puerta a interpretaciones erradas.
“Ese acto administrativo está mal redactado. Un investigador judicial revisa cada caso y verifica si hay condena o medida de aseguramiento”, afirmó.
En consecuencia, el abogado fue más allá y advirtió que incluso podría configurarse un delito. Según dijo, la decisión podría derivar en prevaricato si se comprueba que se emitió sin cumplir los requisitos legales.
Mientras tanto, la resolución establece que la suspensión de las órdenes de captura tendrá una vigencia de seis meses.
También permite prórrogas, dependiendo del avance de las negociaciones que se adelantan en la cárcel de máxima seguridad del sur del Valle de Aburrá y bajo criterio del Gobierno Nacional.
El 'tarimazo' en La Alpujarra, donde participaron varios cabecillas, vuelve al centro de la polémica
Entre los beneficiados aparecen varios cabecillas que participaron en el polémico ‘tarimazo’ de La Alpujarra en junio de 2025, evento en el que el presidente Gustavo Petro compartió escenario con estas personas.
Frente al revuelo nacional, la Fiscalía emitió un comunicado para aclarar el alcance de la medida. La entidad fue enfática: la resolución no contempla la libertad de los cabecillas privados de la libertad.
“No implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren en centros penitenciarios en cumplimiento de condenas o medidas de aseguramiento”, explicó el ente acusador.
Por otro lado, la aplicación de esta decisión tiene un alcance territorial limitado. Solo regirá en Medellín, los demás municipios del Valle de Aburrá y Rionegro, donde se desarrollarán las actividades relacionadas con el proceso de negociación.
Así las cosas, la controversia sigue abierta. Mientras el Gobierno impulsa los acercamientos con estructuras criminales, expertos advierten que errores en la redacción podrían tumbar toda la medida.