Exparamilitares, exguerrilleros y hasta un abogado: ¿quiénes son los siete cabecillas del Valle de Aburrá a los que les reactivaron las órdenes de captura?
La Gobernación de Antioquia impulsó la demanda que llevó a revisar los actos administrativos que otorgaban ese beneficio a los cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
La medida cautelar suspendió la resolución que frenaba las órdenes de captura contra estos voceros. Fotos: cortesía
Las órdenes de captura de siete cabecillas vinculados a estructuras criminales del Valle de Aburrá volvieron a tener vigencia tras la medida cautelar de urgencia incluida en la decisión del Consejo de Estado sobre una demanda interpuesta por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona.
Entre los beneficiarios que perdieron ese tratamiento especial aparecen exguerrilleros, exparamilitares, peligrosos líderes de bandas y hasta un abogado condenado por favorecer organizaciones delincuenciales.
La medida cautelar de urgencia dejó sin efectos la resolución que mantenía suspendidas las capturas de estos voceros, quienes continuaban participando en los acercamientos promovidos por el Gobierno Nacional.
La decisión responde a una demanda presentada por la Gobernación de Antioquia contra los actos administrativos que permitieron otorgar ese beneficio.
Con el fallo, los únicos siete voceros que todavía conservaban libertad de movilidad dentro de este proceso vuelven a enfrentar restricciones judiciales.
La decisión vuelve a poner la atención sobre el perfil de los hombres que conservaban ese tratamiento especial pese a los constantes cuestionamientos tanto a la Fiscalía como al Gobierno Nacional.
Uno de ellos es Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias 'El Montañero', considerado uno de los máximos referentes históricos de la estructura criminal El Mesa.
Su recorrido comenzó en el EPL y posteriormente consolidó poder dentro de una organización con presencia en Antioquia y otras regiones del país.
Las investigaciones lo relacionan con narcotráfico, extorsión y alianzas para el tráfico internacional de estupefacientes.
También lo vinculan con disputas territoriales y con el fortalecimiento de economías ilegales en varias zonas del departamento. El Mesa, además, se estaría expandiendo a Bogotá, lo que tiene en alerta a las autoridades de la capital.
Órdenes de captura vuelven a tener efectos sobre siete peligrosos cabecillas
Otro de los nombres incluidos en la decisión es Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias 'El Abogado'.
Las autoridades lo señalan por utilizar su experiencia jurídica para obtener información reservada y favorecer a organizaciones criminales.
Dentro del grupo también aparece Andrés D’Maria Oliveros Correa, alias 'Mundo Malo'.
Su historial criminal incluye pasos por milicias y estructuras paramilitares antes de convertirse en un actor relevante dentro de redes delincuenciales urbanas.
La lista continúa con Alberto Antonio Henao Acevedo, alias 'Albert', identificado como uno de los principales líderes de la estructura Pachelly.
Las autoridades lo relacionan con extorsiones y con el control de actividades ilegales en municipios del norte del Valle de Aburrá.
Junto a él figura Rodrigo Henao Acevedo, alias 'Perica', otro de los cabecillas históricos de esa misma organización criminal.
Su trayectoria incluye investigaciones por secuestro, narcotráfico, extorsión y coordinación de redes delincuenciales familiares.
Entre los siete beneficiarios también estaba Fredy Alexander Henao Arias, alias 'Naranjo'.
Los expedientes oficiales indican que acumula más de dos décadas dentro de Los Triana y que manejó recursos provenientes de extorsiones y otras rentas ilegales.
El grupo lo completa Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias 'Clemente', señalado por coordinar estructuras ligadas al narcotráfico en el Valle de Aburrá.
Según registros oficiales, recuperó la libertad en 2025 después de cumplir una condena.
La decisión del Consejo de Estado cobra relevancia porque estos siete hombres conformaban el último grupo que mantenía suspendidas sus órdenes de captura.
Inicialmente, la Fiscalía otorgó ese beneficio a 23 voceros vinculados a los diálogos de Paz Urbana. Días después revocó la medida para 16 de ellos.
Los siete restantes conservaron la suspensión de captura hasta la reciente intervención del alto tribunal, confirmada este miércoles, 20 de mayo.
Ahora, mientras avanza el proceso de nulidad promovido por la Gobernación de Antioquia, las órdenes de captura vuelven a tener efectos sobre los últimos beneficiarios que permanecían cobijados por esa decisión.