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Estos son los municipios donde se realizaría el piloto de fumigación aérea del gobierno De La Espriella

El Ejecutivo sostiene que 5.401 hectáreas de coca en Putumayo podrían ser intervenidas y que el piloto con glufosinato de amonio abarcaría hasta 1.000 hectáreas en siete días.

El gobierno de Abelardo De La Espriella busca ejecutar un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en nueve municipios de Putumayo. Fotos: Policía y Presidencia

El gobierno de Abelardo De La Espriella busca ejecutar un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en nueve municipios de Putumayo. Fotos: Policía y Presidencia

El gobierno de Abelardo De La Espriella identificó nueve municipios de Putumayo donde se ejecutaría el plan piloto de fumigación aérea contra cultivos de coca con glufosinato de amonio.


La información está contenida en una impugnación presentada para revertir el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, que el 22 de septiembre suspendió las fumigaciones autorizadas mediante la Resolución 0007 de 2026.


La decisión judicial ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa y a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía abstenerse de ejecutar la aspersión mientras no se acreditara el cumplimiento integral de las condiciones constitucionales, legales, ambientales, sanitarias y de consulta previa.


La iniciativa busca retomar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, suspendida en 2015 con glifosato, esta vez con otro herbicida. El Gobierno sustenta la medida en la existencia de por lo menos, 261.000 hectáreas de coca en Colombia.


Aunque el Ministerio de Justicia ya había impugnado el fallo mediante la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes, el texto señala que otras seis entidades presentaron un segundo recurso el 25 de septiembre.


Uno de los cuestionamientos del juzgado fue la falta de identificación pública de los polígonos de fumigación.


En la impugnación, el Ejecutivo sostiene que todavía no existe un polígono operacional definitivo, pero que estableció las zonas donde no podría ejecutarse el piloto.


Solo podrían intervenirse 5.401 hectáreas de cultivos de hoja de coca, aunque hay más de 40.000

La Dirección de Antinarcóticos excluyó áreas protegidas, resguardos indígenas, consejos comunitarios, programas de sustitución, centros poblados y otras zonas sensibles.


Según los cálculos incluidos en el documento, de las 40.565 hectáreas de coca detectadas en Putumayo, solo 5.401 podrían intervenirse. El piloto, que tendría una duración de siete días, abarcaría hasta 1.000 hectáreas.


Las áreas disponibles se distribuirían así: Puerto Asís, 1.647 hectáreas; Orito, 1.111; Puerto Guzmán, 799; Valle del Guamuez, 787; Puerto Caicedo, 571; Villagarzón, 267; Leguízamo, 161; San Miguel, 38, y Mocoa, 22.


Las zonas restringidas sumarían 35.164 hectáreas, distribuidas entre el programa RenHacemos, resguardos indígenas, áreas protegidas por el Plan de Manejo Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, pretensiones étnicas y fallos judiciales, zonas de frontera, programas de sustitución, parques nacionales y consejos comunitarios.


Con esa distribución, las entidades sostienen que el piloto excluiría cerca del 86,7 % de las hectáreas identificadas en el departamento.


Los argumentos jurídicos del Gobierno para el piloto de fumigación aérea

En el recurso, el Ejecutivo argumenta que el juzgado se adelantó al suspender el plan por vía tutela, debido a que la aspersión no ha comenzado, no existe una fecha cierta de inicio y continúan pendientes trámites ante la Anla, Aeronáutica Civil y la Autoridad Nacional de Consulta Previa.


Según el Gobierno, no existía una amenaza inminente que justificara la intervención del juez constitucional.


Las entidades también cuestionaron que el fallo aplicó al glufosinato de amonio las reglas que la Corte Constitucional estableció para el glifosato. A su juicio, la interpretación del principio de precaución resultaría inviable si exigiera demostrar un riesgo cero.


También argumenta que el concepto técnico del Instituto Nacional de Salud se exige para un programa nacional de aspersión y no para un ensayo experimental.


El Gobierno no solicita que se declare inocuo el herbicida. En caso de que el tribunal mantenga la suspensión, pide precisar su duración y qué ocurrirá una vez se presente la acción popular ordenada en primera instancia.


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