Estatuto Antiterrorista: Gobierno propone penas de hasta 30 años de cárcel y un registro de organizaciones terroristas
La propuesta contempla un registro oficial de organizaciones terroristas, el congelamiento de sus bienes, restricciones para contratar con el Estado y mayores controles sobre sus recursos financieros.
El Gobierno presenta el Estatuto Antiterrorista: ¿qué poderes tendría el presidente y qué revisará la Corte Constitucional? Foto: cortesía Víctor Manuel Correa / Diario el Sur
El Gobierno Nacional presentaba este jueves el borrador del Estatuto Antiterrorista, una iniciativa de más de 130 artículos que busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir las organizaciones y las conductas relacionadas con el terrorismo. La propuesta contempla un registro oficial de organizaciones terroristas, el congelamiento de sus bienes, restricciones para contratar con el Estado y mayores controles sobre sus recursos financieros.
El proyecto también plantea endurecer las penas por delitos asociados al terrorismo, entre ellos el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y los ataques contra la Fuerza Pública. Además, contempla penas de hasta 30 años de prisión para quienes utilicen drones con fines terroristas.
¿Qué propone el Estatuto Antiterrorista en Colombia?
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, explicó que uno de los objetivos centrales consiste en identificar a las organizaciones que cometan este tipo de acciones y atacar sus finanzas.
“Crea básicamente una lista de organizaciones terroristas y de ahí se desprenden normas específicas y vamos a atacar, particularmente, las finanzas”, afirmó el ministro.
Lara agregó que las autoridades deberán determinar qué organizaciones cumplen los criterios para ingresar al registro. Entre las conductas mencionó los ataques con granadas, el uso de drones para cometer atentados y la instalación de minas.
Las facultades extraordinarias del presidente abren el debate
Uno de los puntos más sensibles del borrador corresponde a las facultades extraordinarias que tendría el presidente durante seis meses. Esta disposición plantea interrogantes sobre el alcance de las atribuciones del Ejecutivo y los límites que debe respetar frente a las competencias del Congreso y de las altas cortes.
El abogado constitucionalista Andrés Arteaga Franco señaló que la propuesta debe analizarse dentro del marco jurídico vigente y de las competencias de las instituciones. También explicó que el endurecimiento de las penas y la creación de nuevos tipos penales deben respetar los procedimientos constitucionales.
“Quien tiene la última palabra es el Congreso de la República”, señaló Arteaga al referirse a la discusión legislativa, y agregó que las disposiciones también estarán sujetas al control de constitucionalidad correspondiente.
Senadores respaldan la discusión, pero piden atender los desafíos de seguridad
Desde el Congreso, el senador Hernán Cadavid sostuvo que las autoridades necesitan herramientas para responder a las condiciones de seguridad del país. En su intervención, se refirió a la extensión de los cultivos ilícitos y a la necesidad de modernizar los instrumentos institucionales sin desconocer la Constitución ni los derechos humanos.
“300.000 hectáreas en cultivos ilícitos y las autoridades necesitan modernizar sus instrumentos sin vulnerar ni la Constitución ni los derechos humanos”, afirmó Cadavid.
Por su parte, la senadora María Clara Posada advirtió sobre la presencia de grupos armados y los efectos de sus actividades en los territorios. La congresista mencionó fenómenos como el microtráfico, la extorsión y el reclutamiento como parte de los desafíos que deben atender las autoridades.
Posada también señaló que la presencia de estructuras armadas en diferentes municipios exige respuestas institucionales para enfrentar las distintas manifestaciones de violencia.
¿Qué sigue para el Estatuto Antiterrorista?
El Gobierno defiende la iniciativa y sostiene que el registro contará con garantías para incluir o retirar organizaciones. Sin embargo, el contenido del borrador deberá superar la discusión legislativa y los controles jurídicos correspondientes antes de convertirse en una norma vigente.
Por tratarse de una propuesta de ley estatutaria, el proyecto deberá cumplir los requisitos especiales de trámite en el Congreso y pasar por la revisión automática de la Corte Constitucional, que examinará si sus disposiciones se ajustan a la Carta Política.
La discusión estará centrada tanto en las herramientas que el Estado necesita para enfrentar el terrorismo como en los límites constitucionales de las nuevas facultades. El alcance del registro, las medidas sobre los bienes, el endurecimiento de las penas y las atribuciones presidenciales serán algunos de los puntos que deberán examinarse durante el trámite.