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Estaban reportados como desaparecidos, pero aparecieron para votar en segunda vuelta: 12 casos en Antioquia abren debate por costos al Estado

Seis hombres y seis mujeres, que estaban reportados como desaparecidos, ejercieron su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial en Medellín, Bello y Girardota.

En Medellín, Bello y Girardota se registraron los casos. Imágenes de referencia. Fotos: cortesía Registraduría

En Medellín, Bello y Girardota se registraron los casos. Imágenes de referencia. Fotos: cortesía Registraduría

La mayoría de casos de personas que estaban reportadas como desaparecidas pero aparecieron para votar en segunda vuelta ocurrieron en Antioquia.


Así lo confirmó la Fiscalía, que aseguró que en los puestos de votación del país se identificaron 52 personas que estaban reportadas como desaparecidas.



En Antioquia se presentaron 12 casos en total, 6 mujeres y 6 hombres, quienes llegaron a mesas de votación en Medellín, Bello y Girardota.  


La situación abre el debate entre los expertos, pues según información conocida por el Sistema Informativo de Teleantioquia, las familias, en algunos casos, denuncian por la desaparición de su ser querido, sin embargo, este aparece días después y no informan a las autoridades de su regreso.


Cuando las autoridades tienen la denuncia de la desaparición activan inmediatamente los mecanismos de búsqueda, lo cual, en Colombia, tiene un alto costo.


“Una desaparición puede ser momentánea y posteriormente puede ser ubicada por las autoridades judiciales o aparecen de manera directa. Esto genera una búsqueda por parte de la Policía, del Cuerpo Técnico de Investigación, de un equipo técnico de la Alcaldía de Medellín o de la Gobernación de Antioquia, o de las alcaldías si es por fuera de la ciudad”, manifestó el abogado penalista Óscar Santamaría Puerta.


El profesional en derecho explicó que iniciar ese proceso de búsqueda tiene unos costos.


“Posterior a la denuncia se inicia una noticia criminal, que tiene unos costos bastante altos en Colombia, y están en por lo menos dos millones de pesos en adelante", indicó.


"Eso incluye abrir el SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) e inician las actividades investigativas por parte de la policía judicial”.


La búsqueda es exhaustiva. Se hace por las morgues, cementerios, hospitales, estaciones de Policía, cárceles, centros de detención transitoria.


De igual forma, se informa a la Cruz Roja, a la Defensa Civil y a Migración Colombia en caso de que haya salido del país.


“El asunto tiene profundas implicaciones para el Estado. Cuando una familia denuncia la desaparición de una persona, las autoridades tienen la obligación legal y constitucional de activar de inmediato todos los mecanismos de búsqueda”, dijo por su parte Alex Morales, abogado penalista especialista en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos.


Añadió que “esto implica movilizar fiscales, investigadores del CTI, policía judicial, Medicina Legal, hospitales, cárceles, cementerios y múltiples bases de datos institucionales".


"Cada caso genera actuaciones concretas, gasto público, horas de trabajo de funcionarios que deben desplegar esfuerzos para establecer si una persona se encuentra con vida y, además, si es víctima de un delito o si requiere un tipo de protección urgente”.


Aunque el abogado señaló que en muchos de estos casos no existe mala fe al no informar de la aparición de una persona, sí hay cuestionamientos frente a cómo debe mejorar el Estado los mecanismos de actualización de la información.


Esto para evitar desgastes institucionales, eso sí, sin afectar la protección de quienes verdaderamente se encuentran desaparecidos.


“Existe una consecuencia estadística muy importante. La cifra de desaparición sirve para diseñar políticas públicas, asignar presupuesto, evaluar riesgo de seguridad y elaborar informes nacionales e internacionales sobre derechos humanos".


"Si una persona continúa apareciendo en los registros como desaparecida, cuando en realidad se encuentra viva y desarrollando actividades normales, las estadísticas terminan reflejando una realidad distorsionada”, agregó.


¿Un desaparecido puede votar sin inconvenientes?

La respuesta es sí. El abogado Óscar Santamaría explicó que si una persona es reportada como desaparecida y sale a ejercer su derecho al voto no tiene ningún inconveniente.


Una cosa es que la persona esté reportada como desaparecida, otra que haya un certificado de defunción, en ese caso no se puede votar porque podría haber una suplantación. Pero si está desaparecida y vota, no hay ningún problema”.  


Finalmente, aclaró el profesional que la persona que acude a las urnas, al momento de votar no se le informa de su estado como desaparecida.


Este registro queda de forma interna para las autoridades.


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