EPM revela que el Metro de Medellín también habría sido blanco de amenazas del Frente 36 de las Farc
La empresa denunció exigencias extorsivas por $5.000 millones y pagos mensuales de $500 millones. También advirtió sobre el control territorial del Clan del Golfo y sus efectos en la operación de EPM.
Las intimidaciones comenzaron en agosto de 2025 y se extendieron hasta principios de 2026. Foto: cortesía.
El Metro de Medellín también figuraba entre los objetivos de las amenazas atribuidas al Frente 36 de las disidencias de las Farc, en medio de las extorsiones contra Hidroituango que comenzaron a denunciarse públicamente en marzo de 2026.
Así lo señaló Empresas Públicas de Medellín en una comunicación enviada al Congreso de la República el 28 de octubre, en la que reveló que el monto de las exigencias económicas.
“Las exigencias llegaron a $5.000 millones de entrada y $500 millones mensuales, con amenazas contra el proyecto, el Metro y la Alcaldía de Medellín”, señala el documento, que también menciona la intervención del Gaula, la Fiscalía y el CTI.
Las intimidaciones comenzaron en agosto de 2025 y se extendieron hasta principios de 2026. Durante ese periodo, EPM atribuyó al Frente 36 la instalación de dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango, hechos en los que murió un sargento y resultó herido un soldado.
La empresa también responsabilizó a esta estructura de atentados contra tres torres de transmisión de energía en Medellín y Bello. En marzo de 2026 reportó sobrevuelos de drones sobre Hidroituango y restricciones temporales al ingreso de trabajadores a zonas rurales de Briceño y al menos 17 veredas.
Clan del Golfo, señalado por control territorial y cobros ilegales de agua
En la misma comunicación, EPM expuso otras afectaciones relacionadas con el Clan del Golfo, particularmente en el Bajo Cauca antioqueño, donde esta organización habría consolidado mecanismos de control territorial durante los acuerdos de Doha, suscritos en diciembre de 2025.
Según la empresa, el grupo impuso “permisos escritos de ingreso, retenciones y expulsión de cuadrillas”. Tras la terminación de los acuerdos, se registraron paros armados y bloqueos que amenazan las operaciones e inversiones de EPM.
En Granizal, Bello, la compañía también advirtió que, según alertas de la Defensoría del Pueblo, estructuras vinculadas al Clan del Golfo cobran cuotas por agua cruda y revenden agua potable a comunidades que no cuentan con acceso convencional al acueducto.
EPM reportó, además, amenazas contra conductores y líderes sociales que han interrumpido el abastecimiento, sin identificar expresamente a los responsables de cada intimidación.
Minería ilegal amenaza las centrales Porce II y Porce III
La empresa también alertó sobre 26 socavones, una draga y dos campamentos con aproximadamente 124 personas en las áreas de influencia de Porce II y Porce III, donde la minería ilegal representa riesgos para la infraestructura hidroeléctrica.
En estos territorios hacen presencia el Frente 36, el ELN y el Clan del Golfo, organizaciones que, según EPM, disputan las economías ilícitas. La compañía, sin embargo, no atribuyó exclusivamente a alguno de estos grupos las excavaciones identificadas.
Las denuncias fueron remitidas por Daniel Francisco Moreno Peláez, jefe de Seguridad de EPM, al representante Simón Molina, como insumo para un debate de control político sobre seguridad y orden público en Medellín.