"EPM pudo desistir de la compra de Afinia, pero siguió adelante": Contraloría advierte presunto detrimento de $739.562 millones
Durante la Alcaldía de Daniel Quintero, EPM renunció, según la Contraloría, a una cláusula que le permitía retirarse del negocio sin penalizaciones. Seis años después, la crisis de Afinia sigue golpeando las finanzas de la empresa.
La compra se concretó el 30 de septiembre de 2020, durante la Alcaldía de Daniel Quintero, con Álvaro Rendón en EPM. Foto: cortesía.
EPM habría tenido una salida para no comprar Afinia sin pagar penalizaciones, pero decidió seguir adelante con el negocio. Esa fue una de las principales conclusiones de la Contraloría Distrital de Medellín, que estableció un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por $739.562 millones, relacionado con las decisiones que permitieron concretar la adquisición en septiembre de 2020.
El cuestionamiento del organismo de control llega seis años después de una operación que sigue comprometiendo millonarios recursos de Empresas Públicas de Medellín, en medio de las dificultades financieras de su filial en la región Caribe.
La compra se concretó el 30 de septiembre de 2020, durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle, quien presidía la Junta Directiva de EPM, mientras Álvaro Guillermo Rendón ocupaba la Gerencia General.
Sin embargo, el hallazgo no se concentra únicamente en las pérdidas y dificultades que ha enfrentado Afinia.
La Contraloría apunta a la decisión específica de continuar con la adquisición pese a que, según su investigación, existían condiciones contractuales para desistir sin asumir costos adicionales.
El contrato de compraventa de acciones, firmado el 30 de marzo de 2020, establecía que el incumplimiento de determinados indicadores podía constituir un Efecto Material Adverso (EMA). Uno de ellos era el recaudo, cuya referencia se fijó en 81,33 %.
Durante el seguimiento previo al cierre, el indicador presentó una desviación que, de acuerdo con el organismo de control, facultaba a EPM para abstenerse de concretar la operación.
Pese a ello, la Junta Directiva autorizó la suscripción del "otrosí número 5", mediante el cual EPM habría renunciado de manera “expresa e irrevocable” a ejercer ese derecho y asumido la obligación de finalizar la compra.
EPM conocía los riesgos del negocio, según la Contraloría
Para el organismo de control, la adquisición de Afinia no era una obligación inevitable. La decisión se tomó en un momento particularmente complejo para EPM, que enfrentaba las consecuencias económicas de la pandemia y las presiones financieras derivadas de la contingencia de Hidroituango.
A estas circunstancias se sumaban las dificultades históricas del mercado energético del Caribe, los antecedentes de intervención estatal de la empresa adquirida y las observaciones sobre sus estados financieros.
La Contraloría sostuvo que EPM contaba con información suficiente sobre esos riesgos y que debía preservar sus herramientas de protección contractual y cuidar su liquidez antes de comprometer mayores recursos.
El presunto detrimento sería de $739.562 millones y corresponde a los dividendos que EPM esperaba recibir en 2024 y 2025, calculados en $509.238 millones y $230.324 millones, respectivamente, según las proyecciones del negocio.
El ente de control relaciona esos recursos no percibidos con una presunta “gestión fiscal antieconómica e ineficiente” al momento de tomar la decisión de inversión.
Seis años después, Afinia sigue necesitando millonarios recursos
El hallazgo llega cuando la situación financiera de Afinia continúa comprometiendo las finanzas de EPM. Su gerente general, John Maya Salazar, calificó recientemente la adquisición como “el peor negocio” de la historia de la compañía.
Las dificultades se reflejan en los recursos que EPM ha destinado para sostener a su filial. Durante el último año, la empresa ha comprometido cerca de $1,5 billones, mientras persisten los problemas de recaudo, las pérdidas de energía y las obligaciones financieras de la operación.
A esto se suma la necesidad de conseguir $800.000 millones adicionales para atender compromisos inmediatos de Afinia, una presión que mantiene abiertas las gestiones con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones que permitan garantizar la continuidad del servicio de energía en la región Caribe.
Los intentos por resolver la crisis no son nuevos. En los últimos años, EPM ha explorado alternativas financieras y regulatorias para aliviar las dificultades de su filial, sin que hasta ahora se haya consolidado una solución definitiva.
El hallazgo de la Contraloría incorpora un nuevo frente a la situación, pues no solo cuestiona las consecuencias económicas del negocio, sino las decisiones que permitieron concretarlo cuando existía, según el organismo, una alternativa contractual para retirarse.
Tras presentar el informe, anunció que trasladará el caso a su Oficina de Responsabilidad Fiscal, encargada de adelantar las actuaciones correspondientes para determinar las posibles responsabilidades sobre el presunto daño patrimonial.
Mientras EPM continúa buscando recursos para sostener a Afinia, la investigación fiscal tendrá que esclarecer las consecuencias de una decisión tomada hace seis años, cuyos efectos siguen teniendo repercusiones sobre las finanzas de la principal empresa pública de Medellín.