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EN VIDEO | Indígenas agreden a conductor porque no les habría pagado el "peaje ilegal" en la vía Medellín-Manizales

Denuncia también estarían reteniendo a conductores y viajeros lo que se podría configurar como "secuestro". Los casos se han reportado en las vías entre Medellín-Manizales y Medellín-Quibdó.

La agresión se registró en el sector Remolinos en la vía que comunica a Medellín con Manizales. Foto: Screenshot

La agresión se registró en el sector Remolinos en la vía que comunica a Medellín con Manizales. Foto: Screenshot

En medio de los bloqueos y “peajes” ilegales que vienen realizando los indígenas desde hace varios días en las vías Medellín-Quibdó y Medellín-Manizales, además de la extorsión, se estaría configurando el delito del "secuestro".


Así lo denunció el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, Anderson Quiceno.



Aseguró que los líderes de las comunidades indígenas estarían ordenando la retención de conductores y viajeros para evitar que la fuerza pública pueda desalojarlos de las carreteras que bloquean lo que, para él, “es un secuestro”.


El último caso se registró en la mañana de este viernes 30 de mayo en el sector Remolinos, en la vía que comunica a la capital antioqueña con Manizales.


“Al conductor lo agarran entre varios indígenas y lo amenazan con golpearlo. Él se resiste y allí lo agreden”, precisó.


Añadió que fue gracias a la intervención de otras personas que grababan lo sucedido lo que evitó que retuvieran al transportador.


Cobrarían entre 10.000 y 200.000 pesos por dar paso

El representante del gremio aseguró que las "extorsiones" a los conductores de vehículos particulares y transportadores, tanto en el Carmen del Atrato (Chocó) como en Remolinos (Caldas), oscilarían entre los 10.000 y 200.000 pesos, depende de la clase del automotor o de la urgencia con que necesiten cruzar.


“Para ello están instrumentalizando a mujeres e incluso a niños que ponen de escudos humanos para que el Ejército y la Policía no intervengan”, dijo.



Por ello el gremio transportador exigió a las altas cortes que revisen la protección de los derechos de los indígenas pues sostiene que, escudándose en ello, "algunas comunidades estarían aprovechando para cometer delitos" que en otros grupos sociales se investigarían como conductas penales.



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