El contrato en Itagüí que cambió de contratista cuando Misael Cadavid empezó a colaborar con la justicia en caso Miguel Quintero

Pareciera una casualidad que, luego de que Misael Cadavid, el exrepresentante legal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, decidiera colaborar con la justicia en el caso de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Alcaldía de ese municipio del sur del Valle de Aburrá decidiera dar por finalizado el contrato del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que tuvieron los bomberos desde 2018 hasta diciembre de 2025.

El intempestivo cambio de contratista pasó al Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita y tuvo una reducción de más de $500 millones. Mientras estuvieron los bomberos, pagaron más de $1.380 millones anuales y, con el mencionado hospital, no sobrepasa los $871 millones.

Esto hizo que la Veeduría AMVA se enfocara en analizar dicho contrato, encontrando 15 hallazgos que, según el mismo reporte, podrían traducirse en presuntos actos de corrupción.

Sumado a ello, Cadavid le contó a la Fiscalía, en el principio de oportunidad revelado por el Sistema Informativo de Teleantioquia, que el contrato del SEM, que no es más que la prestación de servicios de ambulancias, habría sido usado para desviar, durante años, millonarios recursos de la Alcaldía a través del Cuerpo de Bomberos.

La Veeduría AMVA no tenía idea de lo dicho por Cadavid. Iniciaron la investigación cuando evidenciaron que la prestación del servicio había desmejorado ostensiblemente y que ya no estaba a cargo de los bomberos, que sí tenían toda la capacidad de prestarla.

Fue así que revisaron el contrato firmado con el nuevo contratista, evidenciando tres hallazgos críticos, ocho altos, tres medios y uno bajo.

El seguro que cambió de valor. El contrato exige un seguro que cubra daños a terceros. La póliza original asegura $349.376.400 y un anexo posterior la sube a $350.181.000, una diferencia de $804.600. El recibo de pago del expediente corresponde a la versión original, y el informe indica que faltan constancias de que se aprobó y pagó la diferencia.

Si ese pago quedó pendiente, el municipio podría tener menos cobertura de la que cree.

Una cuenta que no cuadra al peso. En los estudios previos, la primera actividad multiplica $30.382.941 por 11 meses, lo que da $334.212.351. La tabla registra $334.212.151, doscientos pesos menos. La cifra es pequeña, pero el informe advierte que impide comprobar que el total de $871 millones esté bien calculado.

Un anexo que se cita y falta. Varios documentos dicen que el "anexo técnico" hace parte del contrato. Ahí deberían estar los protocolos, indicadores y estándares de calidad del servicio. Ese anexo falta en el expediente que revisó la veeduría y, sin él, resulta difícil medir qué debe cumplir exactamente el contratista.

Dos versiones del mismo contrato. Hay dos documentos de condiciones con el mismo número. Uno nombra al Hospital del Sur y el otro a los Bomberos Voluntarios de Itagüí. El informe lo atribuye a una plantilla del contrato anterior que se reutilizó. Ninguno indica cuál es el válido, y ambos llevan las mismas firmas digitales en SECOP II, la plataforma pública de contratación.

Un recibo sin fecha. El pago de la prima del seguro por $954.687,42 figura en efectivo y carece de fecha. El expediente tampoco muestra que la Secretaría Jurídica lo hubiera verificado. La póliza establece que retrasarse en ese pago termina el seguro automáticamente.

Una cobertura en blanco. En el anexo del seguro, el amparo por daño emergente y lucro cesante aparece sin valor asegurado, mientras los demás tienen $350.181.000.

Los trámites en desorden. El dinero se reservó el 27 de enero, las garantías se verificaron el 28 y el contrato se firmó el 1 de febrero, el mismo día en que arrancó su ejecución. El informe señala que se comprometieron recursos cinco días antes de que el contrato existiera formalmente.

Un cambio de contratista poco explicado. La resolución que justifica la contratación directa destaca la idoneidad del Hospital del Sur en términos generales. El informe la considera insuficiente, dado que los bomberos ejecutaron todos los contratos anteriores del mismo objeto. Además, los estudios previos describen como "en ejecución" el contrato de 2025 con los bomberos, por $1.387 millones, y el expediente carece de un acta que registre su terminación. El informe plantea una posible superposición y pide aclararla.

Un precio sin explicar. El pago de las actividades 1 a 4 se calcula por persona atendida, pero los estudios previos omiten cuántas personas son y cómo se llegó a la tarifa.

El contrato de 2026, por $871 millones, equivale aproximadamente al 63,1 % del valor anual que pagaban los Bomberos de Itagüí, que superaba los $1.380 millones, lo que representa una reducción de cerca del 36,9 %. El informe pide justificar esta diferencia.

Tres son de nivel medio. La póliza de cumplimiento vence un día después de lo exigido, algo que el informe considera sin daño para el municipio. El certificado que confirma que había dinero disponible para el contrato, el CDP 257 del 20 de enero, se cita en varios documentos, pero falta como archivo independiente. Y la supervisora, Erika Arango Montoya, fue designada el mismo día del inicio, lo que le dio poco tiempo para revisar el expediente antes de empezar.

El hallazgo bajo es de forma. La invitación a contratar dice solo "enero de 2026", sin fecha exacta ni número de proceso, y la propuesta del Hospital del Sur no está en el expediente.

El informe admite que la contratación directa entre dos entidades públicas tiene respaldo legal y destaca que la póliza de cumplimiento incluye la constancia de no revocatoria.

Sus recomendaciones son retirar de Secop II la versión con los bomberos, incorporar el CDP, exigir el anexo técnico antes de seguir pagando, pedir aclaraciones a la aseguradora y confirmar cómo terminó el contrato anterior.

Sin embargo, lo ventilado por Misael Cadavid en la Fiscalía hará que, probablemente, no solo sea revisado, sino también investigado, ya que se firmó durante siete años con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, que, según lo dicho por su exrepresentante legal, se usó como un centro de operaciones de actos de corrupción.