¿El Consejo de Estado puede tumbar el decreto del salario mínimo de Petro? Esto dicen los expertos sobre la posible demanda
Tres expertos coinciden en que el decreto del salario mínimo de Petro puede ser demandado y revisado por el Consejo de Estado.
En la imagen general el presiendete Gustavo Petro junto a magistrados del Consejo de Estado. Imagen de archivo.
El decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro fijó el salario mínimo para 2026, con un aumento del 23 %, abrió un nuevo frente de controversia jurídica, luego de que sectores políticos, económicos y académicos advirtieran que el Consejo de Estado puede tumbar el decreto.
Según estimaciones citadas por distintos analistas, el incremento del salario mínimo podría aumentar entre un 0,6 % y un 0,9 % el déficit fiscal
Entre 2022 y 2025, el salario mínimo acumuló un crecimiento del 42 %, mientras la inflación llegó al 30 %, con una productividad prácticamente estancada. En la práctica, cualquier ciudadano puede demandar el decreto para solicitar su nulidad.
Las razones pueden incluir violación del artículo 53 de la Constitución, desviación de poder, falta de proporcionalidad frente a la inflación, o desconexión con la productividad real del país.
Para el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el aumento se encuentra muy por encima de la capacidad económica del país.
Según explicó, esta decisión eleva las expectativas de inflación, encarece servicios públicos, arriendos y alimentos, y termina afectando a los hogares más vulnerables.
El Consejo de Estado puede tumbar decreto del salario mínimo, ¿cuáles serían los argumentos para demamandarlo?
“Más inflación es el peor impuesto para los pobres, y en el escenario fiscal actual esta decisión podría significar un mayor déficit y más pobreza en el futuro”, advirtió Restrepo.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el expresidente del Consejo de Estado, Germán Bula Escobar, señaló que el alto tribunal sí tiene la competencia para tumbar el decreto, si prospera una demanda ciudadana.
“El salario mínimo está regulado por la ley. No se trata de un acto arbitrario del presidente para fijar el salario que quiera o el que le convenga políticamente”, afirmó Bula, quien además sostuvo que el decreto presenta debilidades técnicas y podría ser objeto incluso de medidas cautelares.
¿Un decreto presidencial se puede demandar en Colombia?
En la misma línea, el abogado constitucionalista Ramón Elejalde recordó que en un en un estado social de derecho, todos los actos del poder público son susceptibles de control judicial.
“Este decreto del Gobierno Petro puede ser demandado ante el Consejo de Estado, y será esa corporación la que deberá pronunciarse. Ya existe un antecedente en 2016, cuando un decreto similar fue demandado y prosperó un año después. No veo razón para que este no sea demandado”, señaló Elejalde.
Para distintos sectores, el debate no solo es jurídico, sino social y económico. Colombia tiene más de 11 millones de trabajadores informales, las empresas son micro, pequeñas y medianas, lo que dificulta asumir nóminas altas.
Mientras el Gobierno defiende el decreto, los expertos coinciden en que la última palabra la tendrá el Consejo de Estado, si la demanda se presenta.