El concierto que el cantante vallenato Nelson Velásquez hizo en la cárcel de Itagüí podría acarrearle consecuencias legales, ¿cuáles serían?
Las denuncias indican que el artista habría recibido 100 millones de pesos por su presentación. El costo total de la fiesta superó, supuestamente, los 500 millones de pesos.
Los videos que se conocieron evidencian una producción musical completa, con tarima y amplificación propia de eventos masivos. Foto: cortesía.
El artista vallenato Nelson Velásquez podría enfrentar procesos legales por su presentación durante la polémica fiesta en la cárcel La Paz, de Itagüí.
La Fiscalía activó una indagación preliminar tras la parranda del 8 de abril dentro del penal de máxima seguridad en Antioquia.
La Dirección contra las Finanzas Criminales evaluará si existen méritos para indagar a Velásquez por enriquecimiento ilícito u otras conductas.
Y es que según las denuncias realizadas por la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, el artista habría recibido un pago de 100 millones de pesos por la presentación en el patio donde se encuentran recluidos los cabecillas criminales que hacen parte de los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.
Fiscales en Medellín ordenaron labores de Policía Judicial para esclarecer los hechos y determinar posibles delitos relacionados con corrupción carcelaria.
Agentes del CTI, por su parte, realizaron inspecciones dentro del penal para recolectar pruebas sobre la logística y los responsables de la celebración.
Y es que una diligencia reciente permitió documentar las condiciones del lugar donde se desarrolló el evento y verificar posibles irregularidades en los controles.
En paralelo, investigadores analizan quién financió la fiesta y cómo ingresaron equipos de sonido, instrumentos y bebidas alcohólicas.
Las autoridades buscan establecer si existió coordinación interna que facilitara el ingreso irregular del cantante y su equipo de trabajo.
Videos difundidos en redes muestran una producción musical completa, con tarima, amplificación profesional y músicos en vivo dentro del centro penitenciario.
Las imágenes también evidencian consumo de licor y una logística ajena a las restricciones de un penal de alta seguridad.
El caso generó indignación nacional por la magnitud del evento y las fallas en los controles institucionales.
Autoridades investigan a funcionarios del Inpec que permitieron la parranda en la cárcel de Itagüí
Mientras avanzan las investigaciones contra el cantante, de forma paralela, el Inpec abrió proceso disciplinario contra funcionarios que estaban de turno durante el ingreso del artista.
El proceso busca establecer responsabilidades las presuntas omisiones frente al ingreso del artista y la organización del evento.
La entidad confirmó que la fiesta no contaba con autorización del Gobierno ni del Ministerio de Justicia.
Como primeras decisiones, se relevó al director encargado del penal y trasladó al comandante de vigilancia.
Las autoridades estiman que la fiesta costó cerca de 500 millones de pesos, recursos que habrían reunido internos vinculados a estructuras criminales.
El avance de la investigación definirá si el caso escala a imputaciones formales contra funcionarios y particulares involucrados.