El 30 de enero, un día antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, el gobierno Petro firmó contratos directos por $ 5,7 billones; Contraloría emitió la alerta
Más de $32,8 billones fueron adjudicados en todo el mes de enero, un 30 % más que en el periodo preelectoral de 2022.
Contraloría alerta por millonaria contratación del gobierno de Gustavo Petro antes de la Ley de Garantías. Foto: Cortesía
La Contraloría General de la República emitió una alerta tras evidenciar un fuerte incremento en la contratación directa del Gobierno durante los 30 días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías electorales.
Según el informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), entre el 1 y el 30 de enero de 2026 se firmaron 521.269 contratos bajo esta modalidad, por un valor total de $32,88 billones de pesos.
La cifra no solo es significativa por su magnitud, sino por el momento en que se registró: justo antes de que comenzaran a regir las restricciones contempladas en la Ley de Garantías, que entró en vigencia el 31 de enero.
El comportamiento ha despertado cuestionamientos sobre el posible impacto que este volumen de contratación podría tener en la transparencia y la independencia electoral.
Contraloría: una marcada concentración de recursos en los últimos días del mes antes de Ley de garantías
El análisis de los datos reportados en la plataforma SECOP revela, además, una marcada concentración de recursos en los últimos días del mes.
Solo en la última semana de enero se adjudicaron contratos por $14,8 billones, lo que representa cerca de la mitad del total contratado en ese periodo.
El 30 de enero fue el día con mayor volumen de recursos comprometidos, alcanzando los $5,7 billones en contratos firmados.
Al comparar las cifras registradas en todo el mes de enero, con el mismo periodo preelectoral del 2022, la Contraloría encontró un incremento del 30,4 % en el valor total contratado.
Y, un aumento del 5,2 % en el número de contratos suscritos. Esta variación evidencia que, aunque el crecimiento en cantidad fue moderado, el aumento en los recursos comprometidos fue considerablemente mayor.
Ante este panorama, el organismo de control advirtió sobre la necesidad de revisar el comportamiento de la contratación estatal en contextos electorales. El objetivo es garantizar que se respeten los principios de transparencia, equilibrio e independencia en el proceso democrático.