Dos asesinatos, un presunto secuestro y 500 indígenas desplazados: la crisis que denuncia la Defensoría en Nuquí
La entidad atribuye la emergencia a las disputas entre el Clan del Golfo y el ELN en esta zona de Chocó. Además, advierte que otras 300 personas podrían verse obligadas a abandonar sus territorios.
La Defensoría informó que las familias desplazadas permanecen en el corregimiento de Jurubirá. Foto: cortesía.
La Defensoría del Pueblo denunció una grave situación humanitaria en Nuquí, Chocó, donde cerca de 500 indígenas habrían tenido que abandonar sus hogares en medio de disputas entre grupos armados ilegales. La entidad también reportó el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que aumentaron el temor entre las comunidades.
De acuerdo con el organismo, el desplazamiento ocurrió durante la tarde del domingo 1 de noviembre, cuando habitantes de la comunidad de Villa Nueva salieron de sus territorios ante los riesgos asociados con la confrontación entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La Defensoría informó que las familias desplazadas permanecen en el corregimiento de Jurubirá, sin que hasta el momento hayan podido completar su traslado hacia la cabecera municipal de Nuquí debido a las condiciones de inseguridad.
A esta situación se suma la preocupación por los habitantes de Puerto Indio. Según la entidad, cerca de 300 personas de esa comunidad también estarían considerando abandonar sus viviendas por temor a nuevos hechos de violencia.
El organismo señaló que recientemente recibió información sobre el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de otra en el sector de Villa Nueva. Estos hechos, según su denuncia, contribuyeron al deterioro de las condiciones de seguridad y al desplazamiento de la población.
La Defensoría recordó que los riesgos para las comunidades de esta región ya habían sido advertidos mediante la Alerta Temprana 009 de 2024, en la que identificó amenazas relacionadas con la presencia y las acciones de grupos armados ilegales.
Defensoría pide atención urgente para las familias indígenas
Ante el panorama denunciado, la entidad solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales coordinar una respuesta humanitaria que garantice alimentación, agua potable, atención en salud y alojamiento temporal a las personas desplazadas.
También pidió gestionar el transporte fluvial necesario para facilitar su traslado hacia lugares seguros, siempre que existan condiciones que permitan realizar los recorridos sin poner en riesgo a las comunidades.
La Defensoría insistió en la necesidad de activar las rutas institucionales de atención a víctimas del conflicto armado y adoptar medidas de prevención en Puerto Indio, donde advierte sobre la posibilidad de un nuevo desplazamiento.
El organismo aseguró que mantiene seguimiento a la emergencia y reiteró su llamado a las autoridades para proteger a la población civil.
De acuerdo con las cifras entregadas por la Defensoría, la situación compromete a cerca de 800 indígenas entre quienes ya habrían abandonado sus territorios y aquellos que permanecen en riesgo de desplazamiento.