Disidencias ya se extienden por 372 municipios: el desafío de seguridad que la Defensoría plantea al nuevo Gobierno
Desplazamientos, reclutamiento de menores y ataques con drones completan la radiografía de seguridad que la Defensoría presentó de cara al nuevo Gobierno.
La Defensoría expone las principales amenazas contra los derechos humanos en Colombia. Foto: cortesía
Las disidencias de las Farc han extendido su presencia a 372 municipios del país, uno de los principales desafíos de seguridad que recibe el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.
La cifra hace parte de la radiografía con la que la Defensoría del Pueblo expone las principales amenazas para los derechos humanos en Colombia.
El diagnóstico muestra un conflicto con amplia incidencia territorial, mientras los grupos armados transforman sus estructuras y recurren a nuevas modalidades de ataque.
Actualmente permanecen vigentes 120 Alertas Tempranas territoriales, que comprenden 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos.
El desplazamiento forzado muestra otra dimensión del problema. Desde 2017 hasta lo corrido de 2026 ocurrieron 1.002 eventos masivos.
Estos desplazamientos afectaron a 394.839 personas. En promedio, el 35,73 % de las víctimas pertenecía a pueblos étnicos.
Los menores también continúan expuestos al conflicto. La Defensoría conoció 682 casos de reclutamiento durante 2024 y otros 419 en 2025.
Entre enero y junio de 2026 se reportaron 74 casos, aunque la entidad advierte que la reducción no necesariamente refleja una caída del fenómeno.
El temor, las dificultades para denunciar y los riesgos que enfrentan las comunidades pueden impedir que todos los casos lleguen a conocimiento de las autoridades.
A esas amenazas se suma el uso de drones. Entre enero y mayo de 2026 ocurrieron 121 ataques mediante sistemas aéreos no tripulados.
Nuevas formas de violencia desafían al Gobierno
Los ataques con drones dejaron 21 personas muertas y 145 heridas en cinco meses, una modalidad que amplía los retos para las autoridades.
Las consecuencias del conflicto también alcanzan a quienes dejaron las armas. Más de 11.000 firmantes del Acuerdo de Paz continuaban en reincorporación a mayo.
Sin embargo, entre 2017 y 2026 fueron asesinados 521 firmantes, de acuerdo con las cifras recopiladas por la Defensoría.
La protección de líderes sociales representa otro desafío. Desde 2016 hasta junio de 2026 fueron asesinadas 1.743 personas lideresas y defensoras de derechos humanos.
Además, entre agosto de 2022 y junio de 2026 murieron 71 niños y adolescentes durante operativos militares.
El panorama plantea al gobierno de Abelardo de la Espriella un reto que supera la presencia de las disidencias en 372 municipios.
También exige responder al desplazamiento, proteger a las comunidades y contener el reclutamiento de menores en las zonas más afectadas por el conflicto.