Defensoría pide proteger a 30.000 habitantes de Granizal, en Bello, ante el riesgo de nuevos desplazamientos por factores ambientales
La Defensoría y la Universidad de Antioquia pidieron a la Corte Constitucional proteger a los habitantes de Granizal tras el deslizamiento que dejó 27 muertos y garantizar agua potable y vivienda digna.
La falta de alternativas de vivienda digna llevó a muchas familias a construir sus casas en laderas inestables y zonas de alto riesgo. Fotos: cortesía Defensoría
Cerca de 30.000 personas que viven en Granizal, en Bello, enfrentan el riesgo de nuevos desplazamientos por factores ambientales. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo y la Universidad de Antioquia solicitaron a la Corte Constitucional medidas urgentes para proteger a esta comunidad, donde el 90 % de sus habitantes ha sufrido desplazamiento forzado.
La solicitud quedó consignada en un informe presentado ante la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, que examina la situación de los derechos fundamentales de la población desplazada en Colombia. El documento expone cómo las personas que huyeron de la violencia ahora enfrentan riesgos ambientales, precariedad habitacional y dificultades para acceder a servicios básicos.
La expansión de Granizal comenzó en 1996, con la llegada de familias expulsadas por el conflicto armado en regiones como Urabá y el Nordeste antioqueño. Además de distintos barrios de Medellín. Desde 2017, el asentamiento también recibió a población migrante, principalmente venezolana. Entre 2012 y 2025, su población casi se duplicó.
La falta de alternativas de vivienda digna llevó a muchas familias a construir sus casas en laderas inestables y zonas de alto riesgo. Lo anterior, sin acceso suficiente a servicios públicos. A estas condiciones se suman la presencia y el control de grupos armados ilegales. También, las extorsiones, el reclutamiento de menores de edad y las restricciones para acceder al agua. La Defensoría ha advertido sobre estos problemas en la Alerta Temprana 036 de 2019 y en su informe de seguimiento de 2025.
La comunidad también enfrenta retrasos en el cumplimiento de decisiones judiciales relacionadas con sus necesidades básicas. El Consejo de Estado emitió fallos en 2020 y 2024 sobre acceso al agua potable, saneamiento básico e infraestructura vial. Sin embargo, seis años después de la primera decisión, sus principales órdenes siguen pendientes. El Tribunal Administrativo de Antioquia ha declarado dos desacatos y tramita un tercer incidente.
Un deslizamiento que dejó 27 muertos y agravó la crisis de vivienda y agua
El 24 de junio de 2025, un deslizamiento de aproximadamente 75.000 metros cúbicos de tierra dejó 27 personas fallecidas, sepultó 50 viviendas y afectó a 1.160 personas. El informe presentado a la Corte identifica varios factores relacionados con la tragedia, entre ellos la ocupación informal de laderas, la deforestación, las fugas en las tuberías de conducción, la ausencia de alcantarillado y las deficiencias en la planificación y el control urbanístico.
La emergencia también comprometió el abastecimiento de agua. La suspensión del suministro afectó una fuente que cubría cerca del 60 % del consumo de la población. Los carrotanques no han logrado responder suficientemente a las necesidades de los habitantes y algunas familias han recurrido a aguas grises.
Las cifras sobre la población damnificada también presentan diferencias. Mientras la Alcaldía de Bello reportó 24 familias afectadas, la Universidad de Antioquia identificó 79. Además, la inscripción en el Registro Único de Damnificados tardó cuatro meses y la única ayuda de vivienda reportada consistió en un subsidio temporal de arrendamiento por tres meses.
A esta situación se suma el Decreto 489 de 2025, que ordenó la demolición de 193 viviendas. Según el informe, las autoridades no han establecido un plan de reasentamiento que garantice alternativas habitacionales para las familias que deben abandonar esos inmuebles.
Las medidas solicitadas a la Corte
Ante este panorama, pidieron a la Corte Constitucional reconocer que la situación de los asentamientos informales donde viven personas desplazadas forma parte de una crisis persistente que requiere respuestas específicas del Estado.
Las instituciones también solicitaron reconocer que el estado de cosas inconstitucional relacionado con la vulneración masiva, grave y sistemática de los derechos fundamentales de la población desplazada no se ha superado.
Para atender la emergencia de Granizal, las entidades plantearon siete medidas concretas: un plan urgente para garantizar el suministro de agua potable en Granizal, así como alojamiento temporal digno para las familias afectadas. También pidieron actualizar el censo poblacional y diseñar un plan integral de vivienda y reasentamiento que ofrezca soluciones habitacionales a quienes viven en zonas de riesgo.
Además, las entidades solicitaron suspender los desalojos y las demoliciones hasta que las autoridades garanticen alternativas de vivienda para las familias afectadas, crear una mesa interinstitucional que coordine y vigile el cumplimiento de las medidas y realizar una audiencia de la Sala Especial de Seguimiento directamente en Granizal para escuchar a la comunidad y conocer de primera mano sus condiciones de vida.
