Defensoría del Pueblo alerta riesgos en las Zonas de Ubicación Temporal propuestas por el gobierno Petro
La Defensoría afirmó que las negociaciones avanzan a ritmos distintos y pidió revisarlas por separado. También cuestionó la falta de verificación independiente.
La Defensoría alertó sobre posibles afectaciones a comunidades indígenas y étnicas asentadas en territorios donde se proyectan estas zonas. Foto: cortesía
La Defensoría del Pueblo lanzó una advertencia sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y pidió al Gobierno Nacional fortalecer las garantías antes de concretar el traslado y concentración de integrantes de grupos armados.
La entidad reconoció que el presidente de la República tiene facultades para solicitar la suspensión de órdenes de captura dentro de procesos de paz. Sin embargo, recordó que esas decisiones deben cumplir condiciones estrictas definidas por la Constitución y la ley.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que la discrecionalidad presidencial no es ilimitada. Por el contrario, exige motivaciones suficientes, delimitación territorial y temporal, además de mecanismos de control y verificación.
Marín sugirió que antes de determinar esas zonas debe comprobarse el avance de estos procesos de paz de tal manera que se justifique la creación de estas zonas.
En ese sentido, la defensora explicó que “el Gobierno debe presentar información verificable que demuestre avances concretos en reducción de violencias, transformaciones territoriales y tránsito hacia la legalidad”.
Según la entidad, los procesos con el Clan del Golfo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Comuneros del Sur y el EMBF muestran niveles de avance diferentes.
Por esa razón, la Defensoría consideró necesario evaluar cada caso de manera independiente y evitar decisiones generales para todos los procesos.
Además, advirtió que la ausencia de mecanismos externos de monitoreo dificulta medir objetivamente los resultados alcanzados hasta ahora.
Defensoría identifica cuatro riesgos en las ZUT
El primer riesgo apunta a los derechos de las víctimas. Iris Marín aseguró que todavía no existen acuerdos claros sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
“Esa falta de claridad podría favorecer escenarios de impunidad y debilitar la confianza en los procesos de negociación” dijo la defensora.
La segunda preocupación se relaciona con el contexto electoral. La Defensoría alertó sobre las expectativas que podrían generarse entre los integrantes de grupos armados en medio de la transición presidencial.
Además, recordó que varias de estas estructuras mantienen influencia en territorios donde podrían afectar la libertad de los votantes durante las elecciones.
El tercer riesgo involucra la seguridad de las comunidades. La concentración de integrantes ocurriría de manera gradual, mientras otros miembros continuarían armados fuera de las zonas definidas.
La entidad destacó que algunas ZUT se ubicarían en municipios con confrontaciones activas o deterioros recientes del orden público, como Tibú (Norte de Santander), Mallama (Nariño) y Tierralta (Córdoba).
Finalmente, la Defensoría alertó sobre posibles afectaciones a comunidades indígenas y étnicas asentadas en territorios donde se proyectan estas zonas.
Ante ese panorama, el organismo pidió al Gobierno justificar plenamente cada decisión, fortalecer los controles institucionales y reducir los riesgos antes de avanzar con los traslados hacia las ZUT.
Según los planes del Gobierno Nacional, actualmente avanzan seis Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en diferentes regiones del país.
Tres corresponden al Clan del Golfo en Córdoba y Chocó; dos a la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en Putumayo y Nariño; y una al Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), liderado por alias Calarcá, en el Catatumbo.
Además, las autoridades preparan una nueva ZUT con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).