De La Espriella anuncia ofensiva contra empresas de seguridad señaladas por nexos criminales: “No pueden servir de fachada al crimen”
El presidente ordenó reforzar los controles sobre empresas investigadas por posibles vínculos con estructuras criminales, irregularidades en el manejo de armas y otras faltas administrativas.
El presidente Abelardo De La Espriella exigió además controles más estrictos y pidió esclarecer el destino de las armas faltantes. Foto: cortesía
El presidente Abelardo De La Espriella anunció una ofensiva contra empresas de seguridad señaladas por posibles nexos con grupos criminales y advirtió que estas compañías no pueden convertirse en fachadas para actividades delincuenciales.
El mandatario señaló que impartió la orden al nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada desde el momento en que asumió el cargo, con el propósito de identificar las empresas que puedan facilitar el acceso de organizaciones criminales a armas o servir como cobertura para sus operaciones.
De acuerdo con el anuncio, la Supervigilancia avanza en actuaciones contra compañías relacionadas con investigaciones por posibles conexiones con Los Costeños, el Clan Vega Daza y otras irregularidades asociadas con el control del armamento.
Entre las empresas mencionadas aparece Maximus, cuya licencia ya fue cancelada. En los casos de Blink, Lost Prevention y Atenas, la Supervigilancia adoptó decisiones de cancelación que todavía deben quedar en firme. OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida mientras continúa el trámite para definir la cancelación de su licencia.
De La Espriella pidió controles más estrictos
De La Espriella también puso el foco en el destino de las armas bajo responsabilidad de compañías que dejaron de operar. El Gobierno busca establecer qué ocurrió con ese armamento y determinar si hubo incumplimientos que puedan generar responsabilidades ante la justicia.
El problema trasciende los casos anunciados por el presidente. La Supervigilancia encontró 197 empresas inactivas que todavía registran 62.664 armas, cuyo paradero actual la entidad no ha logrado establecer.
La entidad también acumula 1.940 procesos relacionados con diferentes incumplimientos, entre ellos la falta de entrega de información contable por parte de las empresas vigiladas. Hasta ahora, la Supervigilancia ha notificado 280 sanciones.
El presidente exigió además controles más estrictos y pidió esclarecer el destino de las armas faltantes. Según su anuncio, quienes tengan responsabilidades deberán responder ante las autoridades, independientemente de la empresa o el nivel de responsabilidad que ocupen.
La estrategia contempla ampliar las inspecciones a diferentes regiones del país. De La Espriella aseguró que el Gobierno avanzará departamento por departamento para detectar empresas que puedan estar siendo utilizadas como cobertura por organizaciones delincuenciales.