¿Cuánto gastaban al mes los policías acusados de extorsionar a comerciantes en El Hueco? La vida que llevaban los hizo caer
Uniformados o de civil, recibían el dinero en los baños de los establecimientos comerciales para evitar registros en cámaras de seguridad.
Fiscalía acusa a cinco expatrulleros de la Policía por exigir dinero a comerciantes del sector El Hueco en Medellín. Foto: Cortesía.
Jhon Darío Holguín Gaviria, Guillermo de Jesús Aguiar Sánchez, Yair Alvernia Guerrero, William Eduardo Peña Rico y Yessica Marcela Mesa Cárdenas son los cinco policías con funciones Fiscal y Aduanera (Polfa) acusados por la Fiscalía por su presunta participación en extorsiones a comerciantes de Medellín.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre agosto de 2021 y agosto de 2022, periodo en el que los uniformados utilizaron sus funciones de control aduanero para presionar a propietarios de locales comerciales.
A cambio del dinero, les garantizaban no realizar operativos o incautaciones de la mercancía a la que señalaban de contrabando.
Las pesquisas indican que los pagos exigidos oscilaban entre cuatro y 40 millones de pesos, dependiendo del volumen o del tamaño del negocio intervenido.
Comerciantes denunciaron que los encuentros se realizaban en lugares apartados dentro de los mismos establecimientos —como baños o áreas privadas— para evitar registros en cámaras de seguridad. Aunque estos
El proceso judicial avanza mientras cuatro de los señalados permanecen privados de la libertad.
Yessica Marcela Mesa Cárdenas continúa prófuga, por lo que las autoridades mantienen activa su búsqueda y analizan movimientos financieros y patrimoniales que harían parte del caso.
Así se enteraron de las presuntas extorsiones de los policías a comerciantes de El Hueco
El caso se relaciona con una estructura ilegal que operaba en el sector comercial de El Hueco, uno de los principales centros del comercio textil en el país.
Las autoridades encendieron las alertas tras detectar inconsistencias patrimoniales.
Algunos patrulleros registraban gastos mensuales muy superiores a sus ingresos oficiales, lo que llevó a profundizar las investigaciones financieras.
Según los investigadores, una pregunta marcó el rumbo del caso: ¿cómo podía un patrullero gastar cerca de 50 millones de pesos al mes con un salario aproximado de 3,5 millones?
La revisión de declaraciones de renta y movimientos bancarios evidenció una diferencia significativa entre ingresos y egresos.Ese hallazgo permitió establecer que al menos dos policías y una expatrullera presentaban incrementos patrimoniales difíciles de justificar.
Dentro del expediente aparece Yessica Marcela Mesa Cárdenas, alias 'la Teniente', quien —según las autoridades— habría incrementado su capital hasta en 1.000 millones de pesos.
Los reportes indican que se movilizaba en una camioneta de alta gama y abrió dos licoreras, una de ellas en Envigado.
Las investigaciones también señalaron que los uniformados cobraban “vacunas” semanales para permitir el ingreso de mercancía sin pagar impuestos, práctica que fortalecía redes de contrabando con presencia en Medellín.
Además, inteligencia judicial detectó movimientos internacionales de dinero y uso de criptomonedas para el lavado de activos, lo que complejizó la trazabilidad financiera del esquema.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó las capturas el 12 de septiembre de 2025 y aseguró que el operativo hacía parte de la Política de Integridad Policial.
Red de contrabando con alcance internacional
Las autoridades identificaron nexos con organizaciones dedicadas al contrabando que ingresaban mercancía desde Asia por puertos del Caribe colombiano con destino final Medellín.
Parte del dinero ilegal circulaba a través de billeteras digitales, con movimientos cercanos a cinco millones de dólares en Bitcoin, lo que dificultó el rastreo financiero del esquema.
La operación contó con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que aportó herramientas de análisis de datos y cooperación internacional para seguir la pista de la red criminal.
Como resultado del caso, la Policía Nacional reforzó sus mecanismos internos de control y promovió la línea 157, un canal nacional que permite denunciar hechos de corrupción con garantía de anonimato.